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Los antiguos escoltas privados del País Vasco denuncian su precaria situación
Los escoltas se han jugado la vida para proteger a los que fueron objetivo del terrorismo de ETA en España. De los 3.500 escoltas privados que trabajaban en Pais Vasco y Navarra sólo mantienen su puesto 100. El resto están sin trabajo ni ingresos,además, algunos se encuentran al borde del desahucio.
José vive en 40 metros cuadrados, en los últimos dos años apenas ha trabajado tres meses, y la ayuda social de 426 euros le hace imposible hacer frente a la hipoteca de su casa. “Yo vivo gracias a mis padres”, ha declarado José Martín, ex escolta. josé trabajó diez años como escolta, protegiendo a cargos electos del PP y del PSE y a mujeres víctimas de violencia de género".
Como a él, después de años siendo la sombra de sus protegidos y en el punto de mira de ETA, el final del terrorismo ha dejado en la calle a muchos escoltas. Santiago Fontela, miembro de la Asociación de Escoltas Privados en País vasco y Navarra ha comentado:“Hemos pasado de 3500 escoltas a apenas 100 ahora”.
Por el camino se han quedado promesas de trabajo, en la vigilancia de cárceles, o protegiendo a mujeres maltratadas. “Me siento dolido porque se han olvidado de todo aquello”, ha declarado el ex escolta, josé Martín.
Tras seis años como escolta en Euskadi, Joao siguió el mismo camino: “Yo verificaba coches, vigilaba…”. En 2012 un ERE le dejó en paro: “Tras todo el trabajo que has hecho, te tiran por la puerta de atrás”.
Volver a encontrar trabajo se convirtió en misión casi imposible. “Entregué cerda de 2000 curriculums y tenía que ocultar mi pasado”, ha declarado João de Oliveira, ex escolta. Lo único que João ha encontrado es como portero en discotecas, pero aún así se siente afortunado.
Aunque lo que peor llevan es que hayan dejado caer en el olvido todo lo que hicieron.
La sexta.com.Más vale tarde. (Noticia y vídeo)
La seguridad privada aguanta por el aumento de robos y los festivales
El paro provoca que decenas de personas opten a ser vigilante, aunque la demanda empresarial se ha frenado. El sector de Castellón se especializa en protección de empresas y en grandes eventos musicales o deportivos
En 2006, en pleno auge del ladrillo, las empresas de seguridad de Castellón se las veían y se las deseaban para encontrar vigilantes. Largas jornadas, noches en vela, sueldos bajos... la de vigilante era una profesión nada apetecible en una provincia donde en la construcción o en la cerámica era fácil ganar el doble. Ahora, con la crisis y un paro que afecta a más de 65.000 personas, la situación ha cambiado radicalmente. En pocos años, la cifra de titulados ha aumentado más de un 30%, hasta el punto de que las empresas están siendo incapaces de absorber toda la mano de obra. Consecuencia, hay decenas de vigilantes en el paro.
Como en todos los sectores, la crisis está afectando a las 26 empresas de seguridad de Castellón (se calcula que en la Comunitat Valenciana hay 140 y en España, son más de 1.500). Los datos que maneja la Fundación Empresa Seguridad y Sociedad (ESYS) revelan que desde el 2009 el sector sufre un descenso anual de la facturación del 4,5%, aunque solo en Castellón se estima que las empresas del ramo ingresaron en 2012 casi 50 millones de euros.
Pero a pesar de que la coyuntura no es favorable (tanto las empresas privadas como los organismos públicos y los propios particulares han constreñido su demanda, un descenso que se ha visto agravado con los impagos) el sector sigue siendo rentable. Y lo es por el alza de los robos (las empresas siguen contratando seguridad) y la aparición de los macrofestivales. “Las empresas se están profesionalizando. Lógicamente, la crisis nos está afectando, pero nos estamos diversificando y adaptando a las nuevas demandas”, dice José Javier Albert Barrajón, delegado en Castellón de Avadise, la asociación valenciana de directores de seguridad.
En la provincia, según los datos que maneja la Policía Nacional, hay 26 empresas de seguridad (17 con sede propia y 9 delegaciones) y la plantilla está formada por 1.668 personas (a parte de personal de administración o gestión de las empresas). De esa cantidad, 1.415 son vigilantes. La siguiente categoría profesional con más titulados es la de escoltas (148), a la que le siguen los directores de seguridad (55), los vigilantes de explosivos (33), los jefes de seguridad (18) y los detectives. Castellón cuenta, además, con 15 centros de formación y dos despachos propios de detectives privados.
UN GRAN DESCONOCIDO // Que el sector de la seguridad privada es un gran desconocido lo demuestra el hecho de que el gran público lo asocia única y exclusivamente con el vigilante, al que popularmente se le denomina segurata. “Somos mucho más. Hoy estamos presentes en una gran diversidad de sectores, desde el logístico al cerámico, el comercio, el fútbol o los festivales musicales”, asegura Albert Barrajón, que apunta a que el objetivo, muchas veces, es ver sin ser visto. “La gente no sabe que antes de un espectáculo hay un estudio de seguridad previo, donde intervienen muchísimos profesionales. Ahora las empresas están haciendo un esfuerzo por especializarse aún más y tratar de abrir, así, nuevos nichos de mercado”, insiste Barrajón.
Por ley existen una serie de establecimientos obligados a tener seguridad privada. Y en Castellón son más de 1.600 (destacan las 819 sucursales bancarias, las 335 joyerías y platerías, las 130 gasolineras o las 288 farmacias). Junto a ellos, el sector está creciendo en las grandes superficies comerciales y los diversos festivales. La puesta en marcha del aeropuerto también supondrá una nueva oportunidad de negocio.
Fuente:El Periódico Mediterráneo
Dada de alta la vigilante de seguridad agredida sexualmente en Sestao
La víctima se dirigía a su trabajo en la zona de centros comerciales, cuando un individuo la ha atacado junto al río y la ha golpeado brutalmente en la cara
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| La Ertzaintza recoge pruebas en el lugar donde se ha producido la agresión. / Luis Calabor |
SOLANGE VÄZQUEZ | BILBAO
La vigilante de seguridad que ha sido objeto de una agresión sexual en Sestao esta madrugada, en una zona alejada del núcleo urbano y que concentra varios centros comerciales, ha sido dada de alta tras ser atendida en el hospital de Cruces.
Al parecer, poco antes del ataque la víctima se percató de que un individuo la estaba siguiendo. Sin embargo, prosiguió su camino, alejándose del núcleo urbano y adentrándose en un área poco transitada y llena de descampados.
En un momento dado, junto a la pasarela que cruza un río, el hombre que la iba acechando -de origen sudamericano, según las mismas fuentes- la agarró del pelo y la tiró al suelo con intención de violarla. Sin embargo, la chica se resistió con fuerza y, al parecer, el agresor no pudo consumar el acto, aunque en el intento la golpeó brutalmente en la cara.
Un particular que transitaba por la zona se ha encontrado con la mujer herida y ha alertado a la Ertzaintza. Los agentes se han desplazado rápidamente al lugar de los hechos, un enclave cercano a la calle Gabriel Celaya de Sestao, y han comprobado que la víctima presentaba lesiones en el rostro. Los ertzainas han reclamado la presencia de una UVI móvil para atender a la chica, que ha sido trasladada al hospital de Cruces, donde ha sido asistida, según el departamento vasco del Interior.
Por su parte, la Ertzaintza continúa con la investigación para identificar y detener al autor de la agresión, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.
La Ertzaintza ha realizado una inspección ocular del lugar en el que se ha cometido el ataque con el objetivo de intentar localizar al autor de los hechos. La investigación permanece abierta.
Fuente:El Correo
Los vigilantes de empresas denuncian que los recortes ponen en riesgo sus vidas
Alejandro Martínez. Vigo
Consideran un peligro los turnos de noche ante el aumento de la delincuencia.
Los vigilantes de seguridad de Vigo se sienten más indefensos que nunca. El motivo son los recortes en las plantillas que les obligan a trabajar en solitario y con medios muy precarios. La consecuencia de los recortes es que asumen más riesgos a la hora de enfrentarse solos a los problemas que se presentan en sus puestos de trabajo, llegando incluso a poner sus vidas en peligro. Tampoco así pueden garantizar a los usuarios ni a las instalaciones que protegen.
Ejemplo de esta situación que viven producto de la crisis ha sido el incidente que ha padecido un vigilante de la empresa Barreras el pasado fin de semana. Mientras se encontraba de noche ejerciendo su función en un punto de paso obligado, unos desconocidos le lanzaron un adoquín de hormigón desde lo alto del edificio. La piedra no le alcanzó por muy poco. Los autores se dieron a la fuga, dejando tras de sí un rollo de cable de cobre que habían sustraído. El trabajador tuvo que pedir apoyo a la Policía Local desde su teléfono móvil personal. Solo tenía una linterna para poder orientarse en el astillero que además no funcionaba.
Este caso ha sido la gota que ha colmado el vaso para que la UGT de Vigo haya denunciado públicamente esta situación de precariedad. El responsable del sector de seguridad, Néstor Armesto Rodríguez, manifestó que «nos preocupa mucho el peligro que conlleva que un vigilante esté solo de noche> y opina que no deberían de hacerse recortes en esta materia.
Reducciones
Las reducciones de plantilla se están produciendo tanto en la empresa privada como en la administración pública. En Barreras, por ejemplo, pasaron de tener once vigilantes a uno por turno.
En la Consellería de Pesca, también se reducirá personal, con lo que el helipuerto del Pesca 1 quedará sin vigilancia privada, según denuncia el secretario de organización de UGT, Chus Álvarez. También la vigilancia de la Tesorería de la Seguridad Social ha sido adjudicada a una empresa con reducción de personal, «por lo que habrá oficinas donde no habrá vigilancia». La vigilancia también peligra en el Museo do Mar. «Tras una reunión con la directora, nos ha dicho que no sabe si tendrá presupuesto para mantenerla el año que viene», afirma.
«En la oficina de Correos de Vigo, en el año 90 éramos cinco vigilantes de noche armados y con un perro y ahora estamos uno solo y hasta sin linterna», denuncia Néstor Armesto.
El sindicato también reclama que la administración tenga un control sobre las empresas que contratan auxiliares, que no poseen la debida cualificación para ejercer las labores de vigilancia, lo que conlleva inseguridad en los centros que custodian y un peligro para los propios trabajadores.
Fuente: La Voz de Galicia.
Detienen al delegado de una empresa de seguridad por desviar nóminas de vigilantes
El delegado de una empresa de seguridad en Huelva ha sido detenido acusado de los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación documental. El detenido habría desviado cheques de nominas de vigilantes y empleadas de limpieza a una sociedad de la que era apoderado.
Durante tres años desvió cheques nominativos de los empleados de la sociedad de la que era delegado, estos cheques eran falsificados mediante falsos endosos a la sociedad de su mujer que él gestionaba como apoderado.Su mujer era administradora de la sociedad a través de la que actuaba en su condición de apoderado.
El detenido responde a las iniciales D.G.F. y tiene 49 años. Es delegado de una empresa de seguridad, con sede en Huelva, y se le acusa de haber desviado cheques correspondientes a nóminas de empleados de la empresa de seguridad y servicios, de la que era gerente en Huelva antes de fichar por la actual.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de un vigilante que reclamó una cantidad a la empresa que se demostró ya liquidada y abonada. El profundo análisis y desarrollo de la investigación de las cuentas bancarias, concluyó con la determinación de que se habían aflorado hasta un total de doce cheques desviados a la cuenta de la sociedad familiar, el autor intelectual como apoderado y su mujer en calidad de administradora única, correspondientes, tanto a liquidaciones de importes que debían de cobrar los trabajadores, como a liquidaciones de servicios no efectuados que eran reclamados y liquidados desde la Central de Seguridad.
El atestado policial con el consiguiente aporte documental ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Cuatro de Huelva que tiene abierta diligencias previas.
Durante tres años desvió cheques nominativos de los empleados de la sociedad de la que era delegado, estos cheques eran falsificados mediante falsos endosos a la sociedad de su mujer que él gestionaba como apoderado.Su mujer era administradora de la sociedad a través de la que actuaba en su condición de apoderado.
El detenido responde a las iniciales D.G.F. y tiene 49 años. Es delegado de una empresa de seguridad, con sede en Huelva, y se le acusa de haber desviado cheques correspondientes a nóminas de empleados de la empresa de seguridad y servicios, de la que era gerente en Huelva antes de fichar por la actual.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de un vigilante que reclamó una cantidad a la empresa que se demostró ya liquidada y abonada. El profundo análisis y desarrollo de la investigación de las cuentas bancarias, concluyó con la determinación de que se habían aflorado hasta un total de doce cheques desviados a la cuenta de la sociedad familiar, el autor intelectual como apoderado y su mujer en calidad de administradora única, correspondientes, tanto a liquidaciones de importes que debían de cobrar los trabajadores, como a liquidaciones de servicios no efectuados que eran reclamados y liquidados desde la Central de Seguridad.
El atestado policial con el consiguiente aporte documental ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Cuatro de Huelva que tiene abierta diligencias previas.
Fuente: HuelvaYa.
La Generalidad adaptará la ley ómnibus para que el Gobierno no la lleve al TC
Las dos partes llegan a un acuerdo que deberá ser ratificado por el Alto Tribunal. En caso de que el TC considere que la modificación es legal, la norma autonómica quedará reformada automáticamente, sin pasar por el Parlamento autonómico.
Aunque con menos publicidad y menos ruido, el Gobierno y la Generalidad sí llegan a acuerdos tras haberse planteado discrepancias competenciales previas. Las dos administraciones han convenido que el Gobierno no seguirá adelante con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la conocida ley ómnibus y la Generalidad, por su parte, modificará el artículo 79 de la autonómica Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa.
El pasado 25 de septiembre se reunió en Madrid la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalidad. En el encuentro se acordó que la Administración autonómica modificaráel apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la autonómica Ley 4/2003, de 7 de abril, de ordenación del sistema de seguridad pública de Cataluña, que fue incorporado por el artículo 79 de la autonómica Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de forma que quedará redactado de la siguiente manera:
‘De acuerdo con las atribuciones de coordinación de los servicios de seguridad privada con la policía de las instituciones propias de Cataluña que son competencia de la Generalidad, el personal de seguridad privada, cuando preste servicios para garantizar la seguridad de las infraestructuras y los servicios transporte público de Cataluña por cuenta de la Administración o de entidades del sector público o empresas operadoras, y siempre que el desarrollo de las funciones se derive del servicio contratado por la Administración o ente público de acuerdo con la legislación de contratación pública, tendrá la condición de agente de la autoridad como colaborador de los cuerpos policiales de Cataluña, en los términos previstos en la normativa estatal‘.
Regirse por la normativa nacional
La modificación no es baladí pues en el redactado de la norma autonómica, que el Gobierno llevó ante el Tribunal Constitucional, no se mencionaba que los miembros de la seguridad privada se regirían, cuando fueran colaboradores de los cuerpos policiales de competencia de la Generalidad, es decir, policía local y policía autonómica, por ‘la normativa estatal’.
En lugar de ese final, en el punto primero del artículo 79, la norma contemplaba que los agentes de la seguridad privada estarían sometidos a ‘las medidas de control y los requisitos de formación’ que estableciera un reglamento a nivel autonómico. El acta de la reunión la firman la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz de CiU en el Congreso y representante de la Generalidad en la Comisión Bilateral, Josep Antoni Duran i Lleida.
Con este acuerdo, las dos partes se han mostrado satisfechas y dan por concluida la controversia manifestada por este punto legislativo. El TC ha recibido notificación del acuerdo y está en sus manos la aprobación definitiva del acuerdo, que no deberá pasar por el Parlamento autonómico, según han confirmado a LA VOZ DE BARCELONA fuentes de la Generalidad.
Aunque con menos publicidad y menos ruido, el Gobierno y la Generalidad sí llegan a acuerdos tras haberse planteado discrepancias competenciales previas. Las dos administraciones han convenido que el Gobierno no seguirá adelante con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la conocida ley ómnibus y la Generalidad, por su parte, modificará el artículo 79 de la autonómica Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa.
El pasado 25 de septiembre se reunió en Madrid la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalidad. En el encuentro se acordó que la Administración autonómica modificaráel apartado primero de la Disposición Adicional Séptima de la autonómica Ley 4/2003, de 7 de abril, de ordenación del sistema de seguridad pública de Cataluña, que fue incorporado por el artículo 79 de la autonómica Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de forma que quedará redactado de la siguiente manera:
‘De acuerdo con las atribuciones de coordinación de los servicios de seguridad privada con la policía de las instituciones propias de Cataluña que son competencia de la Generalidad, el personal de seguridad privada, cuando preste servicios para garantizar la seguridad de las infraestructuras y los servicios transporte público de Cataluña por cuenta de la Administración o de entidades del sector público o empresas operadoras, y siempre que el desarrollo de las funciones se derive del servicio contratado por la Administración o ente público de acuerdo con la legislación de contratación pública, tendrá la condición de agente de la autoridad como colaborador de los cuerpos policiales de Cataluña, en los términos previstos en la normativa estatal‘.
Regirse por la normativa nacional
La modificación no es baladí pues en el redactado de la norma autonómica, que el Gobierno llevó ante el Tribunal Constitucional, no se mencionaba que los miembros de la seguridad privada se regirían, cuando fueran colaboradores de los cuerpos policiales de competencia de la Generalidad, es decir, policía local y policía autonómica, por ‘la normativa estatal’.
En lugar de ese final, en el punto primero del artículo 79, la norma contemplaba que los agentes de la seguridad privada estarían sometidos a ‘las medidas de control y los requisitos de formación’ que estableciera un reglamento a nivel autonómico. El acta de la reunión la firman la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el portavoz de CiU en el Congreso y representante de la Generalidad en la Comisión Bilateral, Josep Antoni Duran i Lleida.
Con este acuerdo, las dos partes se han mostrado satisfechas y dan por concluida la controversia manifestada por este punto legislativo. El TC ha recibido notificación del acuerdo y está en sus manos la aprobación definitiva del acuerdo, que no deberá pasar por el Parlamento autonómico, según han confirmado a LA VOZ DE BARCELONA fuentes de la Generalidad.
Fuente: La Voz de Barcelona
Creen insuficiente la preparación de muchos de los vigilantes que trabajan en estas fiestas
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| EFE Momento de caos tras el lanzamiento de una bengala encendida |
La tragedia del Madrid Arena deja sobre la mesa algunas dudas sobre las medidas de seguridad del evento, y muy especialmente sobre si fue una medida acertada continuar con la fiesta durante algún tiempo una vez ocurrida la terrible avalancha. Sobre este asunto, los expertos consultados por ABC son unánimes: «La mayor parte de los asistentes eran totalmente ajenos a la tragedia; parar la música de forma brusca y anunciar que había que desalojar el pabellón, aunque se inventara un motivo, podía haber provocado un movimiento de pánico de consecuencias imprevisibles. En estos casos, lo mejor es ir bajando el volumen poco a poco para que todos asimilen que el evento ha finalizado e ir invitándoles de forma discreta a que salgan de forma ordenada».
De hecho, esto es lo que sucedió en la madrugada de ayer, pues el desalojo del recinto se prolongó durante más de dos horas, sin que hubiera que lamentar el más mínimo incidente. Además, se esperó hasta pasadas las siete de la mañana para informar a los medios de comunicación de lo que había sucedido para evitar que se produjeran más escenas de nerviosismo de las inevitables.
El análisis de las causas del suceso, sin embargo, no es tan benevolente. En primer lugar, para los especialistas en seguridad ciudadana consultados «no es razonable que en un recinto cerrado como es ese pabellón, que además es moderno y cuenta con los accesos claramente delimitados, puedan introducirse bengalas o petardos. Si hay controles rigurosos, con un número suficiente de vigilantes de seguridad para hacer registros en cada puerta, eso se puede controlar». Para ello, claro está, se necesita un mayor despliegue de vigilantes y como es lógico eso encarece los costes.
Mirar cada carné
Lo mismo sucede, en líneas generales, con la presencia de menores en la fiesta: «Hay que mirar cada carné de identidad, comprobar que pertenece a su titular y solo después permitir la entrada. Es cierto que hay quienes llevan documentos de sus hermanos mayores, y eso es más difícil de controlar. Pero lo que no puede suceder es que haya muchos testimonios de estos chicos que aseguran que nadie les pidió la documentación. Si eso es así, si fue generalizado, hubo una clara negligencia de la organización y de los encargados de la seguridad», en este caso una empresa de gran solvencia en el sector.
«En este tipo de fiestas -sostienen los expertos-, la entrada no es el mayor problema, porque se pueden delimitar las zonas de acceso; lo complicado es garantizar la salida, y mucho mas en situaciones de pánico. Es cierto que colas demasiado largas para acceder al recinto también pueden generar nerviosismo, pero en líneas generales la situación es más controlable».
Investigación compleja
La investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 51 y que realiza la Brigada Provincial de Policía Judicial y la de Policía Científica, pasa por la toma de declaración a los organizadores y a los vigilantes de seguridad de la zona donde se produjeron los hechos; la verificación de los planes de evacuación; el control efectivo del número de personas que asistieron a la fiesta; la comprobación de las licencias y del funcionamiento de las medidas de seguridad, como son la señalización y las luces de emergencia; el estudio de las inspecciones de la Policía Municipal y el conjunto del despliegue tanto en el exterior como el interior del pabellón... Al margen, claro está, del interrogatorio de testigos y la visualización de las imágenes aportadas por las 90 cámaras del Madrid Arena, en especial las de la zona del suceso.
Las fuentes consultadas, no obstante, van más allá de lo ocurrido en el Madrid Arena. «Estos eventos son siempre acontecimientos de alto riesgo, tanto por el número de personas que se concentran allí, como por el hecho de ser gente joven y la incidencia que tienen el alcohol y las drogas. Es evidente que el consumo de estas sustancias aumenta las posibilidades de incidentes. Por supuesto, hay una normativa, que se cumple sobre el papel, también en este caso, pero hay que abrir un debate sobre si es realmente eficaz».
En este sentido, consideran que aglomeraciones de este tipo requerirían la reunión de las juntas de seguridad del distrito o de la localidad afectada, para que cada parte involucrada (Fuerzas de Seguridad, Policía Municipal, Protección Civil, organizadores...) informe de los riesgos a los que se enfrentan y se pueda coordinar una respuesta adecuada. «Se hace con los partidos de alto riesgo, funciona muy bien y sería bueno que se hiciera con estas macrofiestas», sostienen los expertos.
«Conocer el recinto»
Y además, creen imprescindible una mayor especialización de los vigilantes de seguridad: «Tienen que conocer perfectamente el recinto en el que van a trabajar, cuáles son los mejores canales de evacuación, haber hecho antes simulacros sobre el terreno para tener capacidad de reacción, tener un equipo de reacción bien adiestrado para actuar en el interior... No es suficiente con que haya muchos; deben ser, además, eficaces. No es lo mismo desalojar un campo de fútbol que un recinto abierto o un pabellón de deportes. Si esto no se hace, casos como éste se pueden repetir», sostienen.
Ayer, la Sección Sindical de Madrid del Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) se mostraba «totalmente en contra» de que un evento de 10.000 personas se atienda por un número de agentes «a todas luces insuficiente» en relación con el evento. Se destinaron «seis patrullas, 12 policías en total», «siendo responsabilidad compartida del Ayuntamiento velar por la seguridad máxime cuando dicho edificio es de titularidad municipal».
Fuente: ABC
El mercado del sector de seguridad privada descenderá un 2% en 2012
El volumen de negocio generado por las compañías de seguridad privada descenderá un 2% este año, hasta los 4.060 millones de euros, como consecuencia de la debilidad de la demanda de particulares y empresas, la contracción del gasto público y la fuerte competencia en precio, según un informe de la consultora DBK, que prevé que esta tendencia continuará en 2013.
En concreto, el mercado de seguridad privada se situó en 2011 en 4.160 millones de euros, lo que supuso un descenso del 2,1% respecto al año anterior, manteniendo la tendencia descendente observada en 2010.
La actividad de vigilancia continúa generando el mayor volumen de negocio, reuniendo en 2011 una participación sobre el total del 64%, si bien en ese año perdió cuota. Así, este mercado cayó un 3,4% respecto a 2010, hasta situarse en 2.650 millones de euros.
Por el contrario, el segmento de sistemas electrónicos creció un 1,2%, representando el 29% del mercado total.
El negocio de transporte de fondos, por su parte, registró una disminución del 3,8%, hasta los 300 millones de euros, viéndose negativamente afectado por la reducción de la red de sucursales de entidades bancarias y la caída de la actividad en el ámbito del comercio minorista.
A finales de 2011 se contabilizaban 1.526 empresas autorizadas por el Ministerio del Interior y las Administraciones autonómicas para el desarrollo de actividades relacionadas con la prestación de servicios de seguridad privada.
Madrid concentra el mayor número de empresas autorizadas, reuniendo el 21% del total a finales de 2011. A continuación figuran Cataluña, con el 18%, Andalucía, con el 13%, y Comunidad Valenciana, con el 9%.
A pesar del elevado número de empresas autorizadas para operar en el mercado, la oferta presenta una notable y creciente concentración en el grupo de compañías líderes, como consecuencia del cese de actividad de pequeños operadores y de las operaciones de compra de empresas realizadas por los grupos de mayor dimensión.
En 2011, los cinco primeros operadores del sector reunieron de forma conjunta el 55% del valor total del mercado, elevándose hasta cerca del 70% la participación correspondiente al grupo de los diez primeros.
Fuente: El Economista
Víctima mortal de la crisis
JUAN LUIS PAVÓN
Cada vez se presentan en la sede de nuestra empresa más profesionales en paro para pedir trabajo. Algunos arrastran ya una situación familiar muy agobiante. No podemos contratarlos, qué más quisiéramos. Y hay que tener mucho tacto a la hora de tratarlos, para que no vuelvan a casa pensando en pegarse un tiro". Recordé de inmediato esa reciente confesión de un empresario sevillano, cuando supimos esta semana que en Sevilla se ha suicidado un vigilante de 53 años, casado y con dos hijos, al que su empresa privada de seguridad, en situación técnica de quiebra e insolvencia, le adeudaba la nómina de varios meses, y ello había hundido la débil estabilidad de su economía familiar. Seguía acudiendo a trabajar aunque no le pagaban. Ha buscado la peor de las salidas.
El buen trato, las palabras de afecto, el gesto de comprensión, la llamada a la calma, el tacto para no hundir a la persona deprimida, son más necesarios que nunca para auxiliar psicológicamente a las víctimas de la crisis. En primer lugar, para ventilar un ambiente de excesiva pesadumbre, tan cargado de derrotismo y fatalidad que obnubila a las personas de mentalidad más débil. No lo olviden: ayer, hoy y mañana, hay vecinos que prosperan. Y no son extraterrestres, son como usted y como yo. Sus horizontes se ensanchan porque vencen a la crisis abriéndose camino por nuevas vías y evitando los itinerarios por los que se acaba cayendo en el pozo. El futuro no está predestinado como una condena de creciente pobreza.
Los ejemplos positivos han de circular con naturalidad y servir de oxígeno para evitar que cada día se endurezca el muro del desánimo como una pared ante la que sólo vale darse chocazos. Al otro lado, hay mucho campo para recobrar la autoestima, reinventarse y volar alto. E incluso quien se sienta menos capacitado para reinventarse en su pequeño mundo, que pruebe a hacer las maletas y a empezar de cero en otros lares.
Tacto, mucho tacto por doquier, para cerrarle al prójimo la tentación de huir de su vida.
Fuente:Diario de Sevilla
Cada vez se presentan en la sede de nuestra empresa más profesionales en paro para pedir trabajo. Algunos arrastran ya una situación familiar muy agobiante. No podemos contratarlos, qué más quisiéramos. Y hay que tener mucho tacto a la hora de tratarlos, para que no vuelvan a casa pensando en pegarse un tiro". Recordé de inmediato esa reciente confesión de un empresario sevillano, cuando supimos esta semana que en Sevilla se ha suicidado un vigilante de 53 años, casado y con dos hijos, al que su empresa privada de seguridad, en situación técnica de quiebra e insolvencia, le adeudaba la nómina de varios meses, y ello había hundido la débil estabilidad de su economía familiar. Seguía acudiendo a trabajar aunque no le pagaban. Ha buscado la peor de las salidas.
El buen trato, las palabras de afecto, el gesto de comprensión, la llamada a la calma, el tacto para no hundir a la persona deprimida, son más necesarios que nunca para auxiliar psicológicamente a las víctimas de la crisis. En primer lugar, para ventilar un ambiente de excesiva pesadumbre, tan cargado de derrotismo y fatalidad que obnubila a las personas de mentalidad más débil. No lo olviden: ayer, hoy y mañana, hay vecinos que prosperan. Y no son extraterrestres, son como usted y como yo. Sus horizontes se ensanchan porque vencen a la crisis abriéndose camino por nuevas vías y evitando los itinerarios por los que se acaba cayendo en el pozo. El futuro no está predestinado como una condena de creciente pobreza.
Los ejemplos positivos han de circular con naturalidad y servir de oxígeno para evitar que cada día se endurezca el muro del desánimo como una pared ante la que sólo vale darse chocazos. Al otro lado, hay mucho campo para recobrar la autoestima, reinventarse y volar alto. E incluso quien se sienta menos capacitado para reinventarse en su pequeño mundo, que pruebe a hacer las maletas y a empezar de cero en otros lares.
Tacto, mucho tacto por doquier, para cerrarle al prójimo la tentación de huir de su vida.
Fuente:Diario de Sevilla
Propinan una paliza a un vigilante de seguridad privada en El Zoco
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| El joven de 18 años detenido por la Benemérita tras la agresión. :: LV |
J. G. BADÍA
Los excesos que cada fin de semana se están produciendo en El Zoco de La Manga, al amparo de los botellones, están sobrepasando la frontera del vandalismo hacia la violencia pura y dura. De otra forma no se entiende la paliza que sufrió un vigilante de seguridad privada que fue atacado por unos jóvenes que le causaron policontusiones y le abrieron la cabeza.
La agresión se produjo en la pasada madrugada del jueves al viernes, a las seis horas, cuando unos jóvenes con la cara tapada con sus camisetas se abalanzaron por la espalda sobre el vigilante, aprovechando que éste estaba realizando su ronda nocturna por los locales hosteleros y de copas de El Zoco Alcazaba. Al llegar a la altura del restaurante La Cabaña, agarraron a traición al guardia de seguridad, y le robaron la defensa (porra) con la que le asestaron decenas de golpes por todo el cuerpo y la cara.
El vigilante se defendió con todas sus fuerzas del ataque, pero los golpes con la defensa y las patadas que recibió le provocaron una brecha en la nuca, otra en el cráneo, un moratón en el ojo y contusiones que no frenaron la ira de los agresores que no dejaban de pegarle. Por suerte, un grupo de jóvenes que ponía el punto final a una noche de fiesta y varios porteros de locales de copas de la zona, se percataron de la brutal paliza y salieron a la carrera para ayudar al vigilante, logrando espantar a los jóvenes. Pese a los golpes que recibió con la porra, el vigilante no perdió el conocimiento, siendo atendido en el centro de salud.
De momento, la investigación abierta por la Guardia Civil ya ha dado sus frutos con la detención de uno de los responsables de la brutal agresión, un joven de 18 años de nacionalidad colombiana y residente en Cartagena, B.S.G.V., al que se le imputan tres delitos de lesiones y otro de atentado contra un agente de la autoridad y que ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier. Según la Benemérita, la pelea tuvo lugar cuando el vigilante identificó a un joven como el causante de la rotura de las lunas de un vehículo. La Policía Local colabora en la búsqueda del otro agresor, «y ya existen posibles sospechosos».
El vigilante de seguridad está de baja y ya ha sido sustituido por otro compañero. Tras seis años de experiencia en el sector, asegura que «aquello es una batalla campal. Yo conocía La Manga pero no me imaginaba ese descontrol. Hay un problema de seguridad ciudadana, dos jóvenes me cogieron por la espalda; con la cara tapada y me apalearon. Estoy vivo gracias a que había un médico en la zona. No dejaré mi trabajo pero quiero que la Guardia Civil los coja».
Fuente: La Verdad
¿Qué será ahora de los escoltas?
Con la puesta en marcha del plan de reubicación de escoltas, 697 personas mantienen protección mientras que la plantillas de escoltas queda integrada por 1.456 efectivos, de los que 1.091 pertenecen a los cuerpos de seguridad y 365 a la seguridad privada.
EFE/
La Dirección General de la Policía reubicará a más de 1.400 agentes que se dedicaban a funciones de protección tanto de edificios como de personalidades a tareas de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen, en aplicación del plan de reubicación de escoltas iniciado por el Ministerio del Interior.
Estos agentes, ha informado hoy Interior en un comunicado, se adscribirán en los próximos días a los servicios de radiopatrullas, la nueva Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) o grupos de lucha contra el crimen organizado, aunque está por determinar cuántos efectivos se destinarán a cada uno de ellos.
De momento, la Brigada Móvil - unidad especializada de prevención del delito en medios de transporte - se reforzará con más de cien policías, algunos de ellos hasta ahora en tareas de protección- con el objetivo de "fortalecer la seguridad" tanto del transporte terrestre (autobuses urbanos, interurbanos, líneas de metro y ferrocarril) como el aéreo y marítimo.
Con este refuerzo, que coincide con un mayor flujo de viajeros con motivo de las vacaciones estivales, la plantilla de esta brigada pasará a estar integrada por unos 640 policías distribuidos en la Unidad Central de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
Además, la Brigada Móvil cuenta con trece unidades periféricas en Madrid, Barcelona, Granada Málaga, Oviedo, Sevilla, Algeciras, Valencia, Alicante, Valladolid, Burgos, A Coruña y Zaragoza, a las que se sumará Mérida, tal y como ha propuesto la Dirección General de la Policía.
La incorporación a esta brigada de los policías que anteriormente desempeñaban tareas de protección forma parte del plan de reubicación de escoltas iniciada por Interior en el mes de marzo y que se ha desarrollado en diferentes fases tras analizar el nivel de riesgo de cada una de las personas protegidas.
Con la puesta en marcha de este programa, y según los datos facilitados por Interior el pasado 25 de junio, 697 personas mantienen protección mientras que la plantillas de escoltas queda integrada por 1.456 efectivos, de los que 1.091 pertenecen a los cuerpos de seguridad y 365 a la seguridad privada.
Antes de la aplicación del plan, la plantilla era de 2.890 efectivos, de los que 2.101 correspondían a agentes de las Fuerzas de Seguridad y 789 a empresas de seguridad privada, que eran sufragados por la Administración General del Estado.
Enmarcado en este plan, a principios del mes de julio el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, también ordenó retirar la escolta a la mayoría de los cargos protegidos mientras disfruten de vacaciones o estén de viaje no oficial al extranjero, salvo en casos excepcionales como los miembros del Gobierno.
La instrucción dada afecta a todos los cargos que gozan de protección, a excepción de aquellos que por su condición deban mantener la escolta en todo momento.
Interior justifica la puesta en marcha de este plan de reducción de escoltas por el fin de ETA y por el hecho de que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, jamás se desactivaban, lo que ha motivado que el número de protegidos y escoltas se hubiese incrementado "inexorablemente" en los últimos años.
EFE/
La Dirección General de la Policía reubicará a más de 1.400 agentes que se dedicaban a funciones de protección tanto de edificios como de personalidades a tareas de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen, en aplicación del plan de reubicación de escoltas iniciado por el Ministerio del Interior.
Estos agentes, ha informado hoy Interior en un comunicado, se adscribirán en los próximos días a los servicios de radiopatrullas, la nueva Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) o grupos de lucha contra el crimen organizado, aunque está por determinar cuántos efectivos se destinarán a cada uno de ellos.
De momento, la Brigada Móvil - unidad especializada de prevención del delito en medios de transporte - se reforzará con más de cien policías, algunos de ellos hasta ahora en tareas de protección- con el objetivo de "fortalecer la seguridad" tanto del transporte terrestre (autobuses urbanos, interurbanos, líneas de metro y ferrocarril) como el aéreo y marítimo.
Con este refuerzo, que coincide con un mayor flujo de viajeros con motivo de las vacaciones estivales, la plantilla de esta brigada pasará a estar integrada por unos 640 policías distribuidos en la Unidad Central de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
Además, la Brigada Móvil cuenta con trece unidades periféricas en Madrid, Barcelona, Granada Málaga, Oviedo, Sevilla, Algeciras, Valencia, Alicante, Valladolid, Burgos, A Coruña y Zaragoza, a las que se sumará Mérida, tal y como ha propuesto la Dirección General de la Policía.
La incorporación a esta brigada de los policías que anteriormente desempeñaban tareas de protección forma parte del plan de reubicación de escoltas iniciada por Interior en el mes de marzo y que se ha desarrollado en diferentes fases tras analizar el nivel de riesgo de cada una de las personas protegidas.
Con la puesta en marcha de este programa, y según los datos facilitados por Interior el pasado 25 de junio, 697 personas mantienen protección mientras que la plantillas de escoltas queda integrada por 1.456 efectivos, de los que 1.091 pertenecen a los cuerpos de seguridad y 365 a la seguridad privada.
Antes de la aplicación del plan, la plantilla era de 2.890 efectivos, de los que 2.101 correspondían a agentes de las Fuerzas de Seguridad y 789 a empresas de seguridad privada, que eran sufragados por la Administración General del Estado.
Enmarcado en este plan, a principios del mes de julio el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, también ordenó retirar la escolta a la mayoría de los cargos protegidos mientras disfruten de vacaciones o estén de viaje no oficial al extranjero, salvo en casos excepcionales como los miembros del Gobierno.
La instrucción dada afecta a todos los cargos que gozan de protección, a excepción de aquellos que por su condición deban mantener la escolta en todo momento.
Interior justifica la puesta en marcha de este plan de reducción de escoltas por el fin de ETA y por el hecho de que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, jamás se desactivaban, lo que ha motivado que el número de protegidos y escoltas se hubiese incrementado "inexorablemente" en los últimos años.
Fuente: La Información
La seguridad privada de la región entra en conflicto
La intención de algunas empresas de abandonar el convenio estatal pone en pie de guerra a los sindicatos
M. A. PÉREZ.
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| Concentración de delegados sindicales ante la sede de la Delegación de Gobierno. Foto. Roberto Ruiz |
Según precisó el secretario general de la Federación de Servicios (FES) de UGT en Cantabria, Justo San Millán, «no podemos aceptar que algunas empresas planteen ahora descolgarse del convenio colectivo estatal para imponer un convenio propio con condiciones laborales, sociales y económicas a la baja». «El convenio colectivo es el único marco legal de referencia que da estabilidad al sector, que garantiza unas condiciones mínimas y adecuadas a sus trabajadores y al servicio que prestan, por lo que si no se cumple se verán afectadas las propias medidas de seguridad en numerosos edificios públicos, en los bancos o en el transporte blindado», agregó San Millán.
El sindicalista rechazó que «algunas empresas no duden ahora en descolgarse del convenio colectivo porque la reforma laboral les ampara para ello y propongan sus propias condiciones alternativas con aumentos de jornada o rebajas salariales». El portavoz de UGT advirtió que «si estas empresas siguen por este camino habrá un gran conflicto social y laboral en el sector y los sindicatos tomaremos las medidas de presión necesarias».
UGT, CC OO, USO y CSIF han convocado otra concentración el día 24 de julio, a las 12 horas, frente al Museo Altamira en Santillana del Mar.
Fuente: El Diario Montañés
Trabajadores de seguridad privada protestan frente al Museo del Prado por incumplimientos del convenio
EUROPA PRESS
Un centenar de trabajadores del sector de seguridad privada se han manifestado este martes frente a la entrada de Velázquez del Museo del Prado para protestar por los incumplimientos del convenio colectivo por parte de las empresas en lo que respecta al salario y horas de trabajo.
La concentración ha sido convocada por los sindicatos mayoritarios del sector, USO, UGT y CCOO, para denunciar "el deterioro de las condiciones laborales" de todo el sector y principalmente de los trabajadores de la empresa Seguriber, adjudicataria del servicio de seguridad privada del Museo del Prado.
En declaraciones a Europa Press, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada USO-Madrid, Ricardo Sanguino, ha asegurado que "la situación es insostenible" por los "incumplimientos gravísimos que está habiendo" del convenio colectivo.
Sanguino ha criticado que las empresas del sector de seguridad privada han empezado aplicar la nueva reforma laboral antes de su publicación, y ha indicado que desde la aprobación del nuevo convenio colectivo más de 30 empresas han presentado descuelgues, en algunos casos "intentando hacer verdaderas burradas".
Asimismo, ha avanzado que las organizaciones sindicales han pedido permiso para hacer concentraciones en los centros comerciales Carrefour de Aluche, Alcobendas y Hortaleza, los días 18, 24 y 30 de julio.
Fuente: La Voz Libre
“¿Que nos maten como en Cataluña?”
Andoni Onrrantia.
Cada vigilante cuenta para reducir a un agresor con unas esposas, una porra de 50 centímetros y guantes anti-corte; la última adquisición aunque se encuentran en negociaciones para incorporar chalecos anti-corte que minimicen ataques con arma blanca. Todo ello está contemplado en la Ley de Seguridad Privada, la misma que les da potestad para pedir a un viajero su billete si existen sospechas de que carece de él, a identificarle, a detenerle o a proteger las instalaciones. Pero se fijan en Cataluña donde tras la muerte en abril del año pasado de un vigilante de Renfe después de una pelea con un viajero que no tenía billete, la Generalitat reformó el articulado de la Ley de Seguridad y asignó el estatuto de agente de la autoridad pública, al igual que mossos o policías locales, a los vigilantes del metro y el tren. Los sindicatos entonces pidieron más personal y formación. Algo a lo que se suman sus compañeros en Bilbao. Para Txema García, de UGT, “esta es una reivindicación que llevamos planteando desde hace cuatro años pero que en la actualidad se encuentra en vía muerta. ¿Hace falta que nos maten como en Cataluña?. En el metro el supervisor tiene categoría de agente de la autoridad como un ertzaina; pues nosotros pedimos la equiparación”, añade.
La media de edad de los vigilantes oscila entre los 35 y los 45 años aunque siendo minoritario hay personal que la supera. Todos pasan por cursos de formación. 20 horas obligatorias al año aunque algunos —los que menos— optan por recibir más de forma privada. La última vez fue en mayo. Lo hicieron de la mano de la Asociación de Formación y Estudios Policiales (AFEP). Asistieron hasta 15 profesionales. Sobre la mesa la necesidad de conocer mejor el entorno donde se trabaja y los procedimientos más adecuados para intervenir. En la actualidad, esta entidad mantiene contactos con las empresas encargadas de la seguridad para aumentar la formación.
Cada vigilante cuenta para reducir a un agresor con unas esposas, una porra de 50 centímetros y guantes anti-corte; la última adquisición aunque se encuentran en negociaciones para incorporar chalecos anti-corte que minimicen ataques con arma blanca. Todo ello está contemplado en la Ley de Seguridad Privada, la misma que les da potestad para pedir a un viajero su billete si existen sospechas de que carece de él, a identificarle, a detenerle o a proteger las instalaciones. Pero se fijan en Cataluña donde tras la muerte en abril del año pasado de un vigilante de Renfe después de una pelea con un viajero que no tenía billete, la Generalitat reformó el articulado de la Ley de Seguridad y asignó el estatuto de agente de la autoridad pública, al igual que mossos o policías locales, a los vigilantes del metro y el tren. Los sindicatos entonces pidieron más personal y formación. Algo a lo que se suman sus compañeros en Bilbao. Para Txema García, de UGT, “esta es una reivindicación que llevamos planteando desde hace cuatro años pero que en la actualidad se encuentra en vía muerta. ¿Hace falta que nos maten como en Cataluña?. En el metro el supervisor tiene categoría de agente de la autoridad como un ertzaina; pues nosotros pedimos la equiparación”, añade.
La media de edad de los vigilantes oscila entre los 35 y los 45 años aunque siendo minoritario hay personal que la supera. Todos pasan por cursos de formación. 20 horas obligatorias al año aunque algunos —los que menos— optan por recibir más de forma privada. La última vez fue en mayo. Lo hicieron de la mano de la Asociación de Formación y Estudios Policiales (AFEP). Asistieron hasta 15 profesionales. Sobre la mesa la necesidad de conocer mejor el entorno donde se trabaja y los procedimientos más adecuados para intervenir. En la actualidad, esta entidad mantiene contactos con las empresas encargadas de la seguridad para aumentar la formación.
Fuente: El País
Interior defiende que la reducción de escoltas permite recuperar más de 1000 agentes para labores de seguridad ciudadana
Las causas son el ahorro, el cese definitivo de ETA y que "la mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca"
Un total de 1.010 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejarán de realizar labores de escoltas y pasarán a desempeñar tareas de seguridad ciudadana en aplicación del programa de reducción de escoltas que, de forma escalonada, está desarrollando el Ministerio del Interior.
Así lo explica el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz a la hora de defender este plan iniciado el pasado mes de marzo y para el que, según sostiene el Ministerio, se ha realizado un exhaustivo análisis de las actuales situaciones de riesgo y con sus conclusiones ha procedido a reordenar el sector de los escoltas con criterios de racionalidad.
Antes de la aplicación del plan, la plantilla de escoltas era de 2.890 efectivos, de los que 2.101 correspondían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 789 a empresas de seguridad privada (pagadas por la Administración General del Estado).
Ahora, con la puesta en marcha del programa, esta plantilla queda integrada por 1.456 efectivos, de los que 1.091 pertenecen a las FCSE y 365 a la seguridad privada. La ejecución del plan ha supuesto, por tanto, una reducción de 424 agentes de seguridad privada y de 1.010 agentes de escolta del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.
PRIMERA FASE EN NAVARRA Y PAÍS VASCO
La primera fase del programa tuvo lugar en marzo en el País Vasco y Navarra y consistió en la supresión de 424 agentes de seguridad privada. La segunda fase se desarrolló en mayo con la reducción de 422 de efectivos de protección estática.
El Ministerio del Interior inicia ahora, en este mes de junio, la aplicación de la tercera fase, que afecta a las escoltas dinámicas. En total son 588 agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que dejarán de realizar estas labores de acompañamiento de personas sobre una plantilla de 1.308 efectivos, que custodian en la actualidad a 613 personas (incluidas contravigilancias).
A raíz de la aplicación de la tercera fase del plan, la cifra de protección dinámica se reduce a 720 agentes para dar protección a 333 personas, lo que significa que se retira la escolta dinámica a 280 personas.
Los estudios realizados por el Ministerio del Interior han revelado que la plantilla de 1.308 agentes destinada a labores de protección dinámica no se corresponde con los actuales niveles de riesgo ni con las exigencias de ahorro derivadas de la crisis económica, razones que se han considerado apropiadas para proceder a la reducción del número de protegidos y protectores.
Además, en comparación con otros países de nuestro entorno, mientras que en España el número de personas protegidas se cuenta por centenares, en los principales países del resto de Europa se hace por decenas.
ANÁLISIS DE RIESGO
Para abordar la reducción de escoltas dinámicas, el Ministerio del Interior también ha analizado todas las personas protegidas agrupadas por colectivos: miembros del Gobierno, altos cargos, cuerpo diplomático, jueces, fiscales, ex cargos, miembros de los gobiernos de la Comunidades Autónomas y otras personalidades.
Tras este estudio exhaustivo, se ha decidido mantener la protección a los miembros del Gobierno, presidentes de Comunidades autónomas, delegados del Gobierno y a algunos embajadores extranjeros acreditados en España.
Asimismo, permanecerán con protección el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional, el presidente y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y un reducido grupo de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, aunque a todos ellos se les reduce el volumen de la escolta, según este comunicado.
La reducción de escoltas dinámicas se realiza, además de por el anuncio definitivo de la actividad terrorista de ETA, porque los estudios realizados por el Ministerio del Interior han puesto de manifiesto que la mayoría de las protecciones, una vez activadas, no llegaban a desactivarse nunca, independientemente de que el protegido cesara en el puesto de responsabilidad que aconsejó en su día la protección o que disminuyera o desapareciera la situación de riesgo que la motivó. Esto ha originado que el número de protegidos y escoltas se haya incrementado inexorablemente durante los últimos años.
LA REDUCCIÓN EN CIFRAS
En estos momentos, en el País Vasco y Navarra están protegidas por agentes de seguridad privada 306 personas mientras que antes de la aplicación del plan de escoltas lo estaban 558, lo que supone una reducción de 252.
En cuanto a protecciones estáticas realizadas por agentes de las FCSE se ha pasado de 80 protegidos a 58 (una reducción de 22). Respecto a protecciones dinámicas, la cifra de personas protegidas ha quedado fijada en 333 (anteriormente era de 613). En definitiva, si antes de la aplicación del plan el número de personas escoltadas era de 1.251, ahora se sitúa en 697. Por tanto, a 554 personas se les ha retirado la escolta (ya sea de seguridad privada, estática o dinámica).
AHORRO DE CASI 4 MILLONES DE EUROS
La primera fase del programa de reducción de los servicios de protección de personas se aplicó en el pasado mes de marzo. El Ministerio del Interior abordó entonces una reducción de las escoltas prestadas por empresas de seguridad privada en el País Vasco y Navarra. La medida supuso la supresión de la protección de 252 personas sobre un total de 558 con la consiguiente retirada de 424 escoltas sobre los 789 existentes. Esta medida ha supuesto un ahorro económico de 3.846.708,57 euros mensuales.
En la segunda fase, realizada el pasado mes de mayo, el Ministerio del Interior revisó las protecciones estáticas prestadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el domicilio de personalidades. La reducción aplicada fue de 422 efectivos sobre los 793 existentes. Actualmente, aún disponen de protección estática 58 personas. Estos miembros de las FCSE, tras ser retirados de las misiones de escolta, han pasado a desempeñar labores de seguridad ciudadana.
Fuente: Europa Press
Eduardo Cobas, Secretario General de APROSER. "No nos gusta el cambio en los convenios de la reforma"
Cobas expone que las modificaciones sobre los convenios de la reforma laboral "nos pueden acarrear problemas"
Javier Carazo
"La crisis le está pasando factura a un sector cíclico como la seguridad privada. Eduardo Cobas, secretario general de la patronal del sector, Aproser, recuerda que, con el boom económico, en España hubo un incremento muy importante de los niveles de facturación. "Pero en 2007 esto se trunca. Ahora estamos entre un 15% y 20% menos de facturación, a niveles de 2006. A esto añadimos una dilación de los pagos, sobre todo de las Administraciones públicas, que representan el 28% de nuestro sector, y la lógica constricción de los márgenes comerciales".
Para este año Cobas prevé una disminución del 5% y recuerda que el aumento en el nivel de facturación del sector está muy vinculado al crecimiento económico del país. En esta coyuntura, aplaude la reforma laboral aprobada por el Gobierno, "porque introduce dosis de flexibilidad", pero se muestra disconforme sobre los cambios introducidos en los convenios.
"Defendemos la negociación colectiva como un elemento clave de la profesionalización del sector y, sobre todo, por los servicios que asumimos". Para el directivo hubiera sido aconsejable un tratamiento más específico de los servicios empresariales. "Nos preocupa la actitud de determinadas empresas que utilizan los mecanismos de inaplicación del convenio colectivo, los descuelgues salariales, no por una necesidad vinculada a sus cuentas económicas, sino por tratar de encontrar una ventaja competitiva en costes", aclara.
En este punto, indica que en un sector industrial reducir la estructura de costes puede ser la única solución para la supervivencia de una actividad y su competitividad o para competir en un mundo global. "Pero nosotros, no. El 80% es el coste salarial y una empresa que inaplica el convenio lo que hace es captar clientes de otra empresa que sí lo aplica".
A su juicio, esto supone que ganen cuota de mercado quienes tienen una peor situación económica, que pagan menos impuestos de sociedades, cuyos trabajadores contribuyen menos por IRPF y cuyos servicios cotizan menos por IVA. "La realidad demostrará que es una reforma global muy positiva para la economía española, pero que para nosotros puede acarrear problemas importantes". En esta tesitura, Cobas se muestra convencido de que al final será preciso introducir un tratamiento distinto en estos aspectos para los servicios empresariales, "como dispone la normativa en Alemania y en Francia".
La reforma que ha anunciado el Gobierno en las Administraciones públicas puede traer oportunidades de negocio para el sector. Aunque quiere mostrar prudencia, "ya que perdería la legitimidad pidiendo al Gobierno dónde quisiéramos estar", sí que pone ejemplos de lo que ocurre en otros países, como es el caso de la racionalización de recursos administrativos, controles de tráfico, de alcoholemia, vueltas ciclistas de aficionados o vigilancia en zonas rurales.
Acerca de cómo ha afectado al sector de la seguridad privada el hecho de que ETA haya anunciado el cese de su actividad, Cobas muestra su cautela al respecto y apunta que "la detección de las necesidades de seguridad compete a la autoridad pública. No somos quiénes para determinar cuáles son las necesidades complementarias de protección de la seguridad privada ante una amenaza terrorista". Y es tajante al afirmar que "nada nos gustaría más que dejar de prestar estos servicios, pese al importante daño que supone para nuestra facturación y pérdida de puestos de trabajo".
Cobas pide cambios en la Ley de Seguridad Privada, que ya ha cumplido 20 años. "Esta legislación tiene aspectos que limitan las posibilidades que la seguridad privada tendría para prestar un mejor servicio a la colectividad". Una de las modificaciones que exige tiene que ver con que la ley impide de manera absoluta la presencia en la vida pública de la seguridad privada, salvo para dos excepciones, como son polígonos industriales y urbanizaciones muy delimitadas.
En este sentido, el directivo se pregunta: "¿Por qué no podemos estar fuera de los estadios de fútbol que ahora cubre la seguridad pública, con el gasto que conlleva?". También habla de ofrecer servicios en las prisiones. "Este es un tema que hay que abordar con todas las cautelas debidas, delimitando bien los cometidos específicos de la seguridad privada en conjunción con la pública".
En su opinión, "no parece razonable considerar que la seguridad privada está capacitada para prestar servicios con armas de guerra en atuneros en aguas internacionales y que no pueda, en cooperación con la Guardia Civil, realizar funciones de acceso de prisiones o patrullas".
Intrusismo
La lucha contra el intrusismo ha sido siempre uno de los caballos de batalla del sector. Cobas dice que "ha mejorado algo", pero critica el hecho de que haya compañías que, "después de actas levantadas o incumplimientos reiterados", se encuentren entre los principales adjudicatarios de las Administraciones públicas, porque "los contratos se basan únicamente en precio".
"La crisis le está pasando factura a un sector cíclico como la seguridad privada. Eduardo Cobas, secretario general de la patronal del sector, Aproser, recuerda que, con el boom económico, en España hubo un incremento muy importante de los niveles de facturación. "Pero en 2007 esto se trunca. Ahora estamos entre un 15% y 20% menos de facturación, a niveles de 2006. A esto añadimos una dilación de los pagos, sobre todo de las Administraciones públicas, que representan el 28% de nuestro sector, y la lógica constricción de los márgenes comerciales".
Para este año Cobas prevé una disminución del 5% y recuerda que el aumento en el nivel de facturación del sector está muy vinculado al crecimiento económico del país. En esta coyuntura, aplaude la reforma laboral aprobada por el Gobierno, "porque introduce dosis de flexibilidad", pero se muestra disconforme sobre los cambios introducidos en los convenios.
"Defendemos la negociación colectiva como un elemento clave de la profesionalización del sector y, sobre todo, por los servicios que asumimos". Para el directivo hubiera sido aconsejable un tratamiento más específico de los servicios empresariales. "Nos preocupa la actitud de determinadas empresas que utilizan los mecanismos de inaplicación del convenio colectivo, los descuelgues salariales, no por una necesidad vinculada a sus cuentas económicas, sino por tratar de encontrar una ventaja competitiva en costes", aclara.
En este punto, indica que en un sector industrial reducir la estructura de costes puede ser la única solución para la supervivencia de una actividad y su competitividad o para competir en un mundo global. "Pero nosotros, no. El 80% es el coste salarial y una empresa que inaplica el convenio lo que hace es captar clientes de otra empresa que sí lo aplica".
A su juicio, esto supone que ganen cuota de mercado quienes tienen una peor situación económica, que pagan menos impuestos de sociedades, cuyos trabajadores contribuyen menos por IRPF y cuyos servicios cotizan menos por IVA. "La realidad demostrará que es una reforma global muy positiva para la economía española, pero que para nosotros puede acarrear problemas importantes". En esta tesitura, Cobas se muestra convencido de que al final será preciso introducir un tratamiento distinto en estos aspectos para los servicios empresariales, "como dispone la normativa en Alemania y en Francia".
La reforma que ha anunciado el Gobierno en las Administraciones públicas puede traer oportunidades de negocio para el sector. Aunque quiere mostrar prudencia, "ya que perdería la legitimidad pidiendo al Gobierno dónde quisiéramos estar", sí que pone ejemplos de lo que ocurre en otros países, como es el caso de la racionalización de recursos administrativos, controles de tráfico, de alcoholemia, vueltas ciclistas de aficionados o vigilancia en zonas rurales.
Acerca de cómo ha afectado al sector de la seguridad privada el hecho de que ETA haya anunciado el cese de su actividad, Cobas muestra su cautela al respecto y apunta que "la detección de las necesidades de seguridad compete a la autoridad pública. No somos quiénes para determinar cuáles son las necesidades complementarias de protección de la seguridad privada ante una amenaza terrorista". Y es tajante al afirmar que "nada nos gustaría más que dejar de prestar estos servicios, pese al importante daño que supone para nuestra facturación y pérdida de puestos de trabajo".
Cobas pide cambios en la Ley de Seguridad Privada, que ya ha cumplido 20 años. "Esta legislación tiene aspectos que limitan las posibilidades que la seguridad privada tendría para prestar un mejor servicio a la colectividad". Una de las modificaciones que exige tiene que ver con que la ley impide de manera absoluta la presencia en la vida pública de la seguridad privada, salvo para dos excepciones, como son polígonos industriales y urbanizaciones muy delimitadas.
En este sentido, el directivo se pregunta: "¿Por qué no podemos estar fuera de los estadios de fútbol que ahora cubre la seguridad pública, con el gasto que conlleva?". También habla de ofrecer servicios en las prisiones. "Este es un tema que hay que abordar con todas las cautelas debidas, delimitando bien los cometidos específicos de la seguridad privada en conjunción con la pública".
En su opinión, "no parece razonable considerar que la seguridad privada está capacitada para prestar servicios con armas de guerra en atuneros en aguas internacionales y que no pueda, en cooperación con la Guardia Civil, realizar funciones de acceso de prisiones o patrullas".
Intrusismo
La lucha contra el intrusismo ha sido siempre uno de los caballos de batalla del sector. Cobas dice que "ha mejorado algo", pero critica el hecho de que haya compañías que, "después de actas levantadas o incumplimientos reiterados", se encuentren entre los principales adjudicatarios de las Administraciones públicas, porque "los contratos se basan únicamente en precio".
Enlace: Cinco Días
La OMI quiere unificar la norma para embarcar seguridad privada
La Organización Marítima Internacional impulsa un reglamento de ámbito internacional sobre los servicios de protección contra la piratería
ANTÓN LUACES| A CORUÑA
La contratación de seguridad privada a bordo de los distintos buques que precisan de medios para la lucha contra la piratería parece haber hallado el camino de su regulación. Así se desprende del encargo realizado por la Organización Marítima Internacional (OMI) a la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) del desarrollo del primer conjunto de normas para compañías de seguridad marítima privada, cuyos borradores estarán listos para la próxima reunión del Comité de Seguridad Marítima (MSC) que se celebrará el próximo mes de noviembre.
El secretario general de la OMI, Koji Sekimizu, anunció ya la decisión de desarrollar guías y una normativa internacional para las mencionadas compañías de seguridad, y se refirió a los distintos grupos de trabajo de la OMI que se encargan de debatir los contenidos que califican como "requerimientos mínimos" para desarrollar estrategias de seguridad contra los ataques piratas.
Consulta de expertos
Tras las opiniones iniciales de las partes interesadas, la ISO creará un grupo de expertos que se encargará de la redacción del borrador de una normativa y de directrices para ser presentadas en la próxima reunión del Comité de Seguridad en noviembre.
Los problemas derivados de la piratería en distintos lugares del mundo, más concretamente en el Océano Índico y el Golfo de Aden, así como en aguas de Guinea y el Estrecho de Malaca, han provocado el nacimiento de numerosas empresas de seguridad marítima. La mayor proliferación se produce de manera muy significativa en Gran Bretaña, después de que el primer ministro David Cameron autorizase desde el pasado mes de octubre el uso de guardias armados a bordo de los barcos.
Este hecho supuso la inmediata necesidad de contar con reglas efectivas para la prestación de este servicio en flotas de otros países en los que sus embarcaciones han sido objeto de ataques piratas.
Sin embargo, la ausencia de un modelo único de medidas de seguridad ha generado innumerables sistemas y procedimientos de evaluación. Ahora la ISO tratará de aunar criterios para transmitir a la OMI un conjunto de normas común.
La contratación de seguridad privada a bordo de los distintos buques que precisan de medios para la lucha contra la piratería parece haber hallado el camino de su regulación. Así se desprende del encargo realizado por la Organización Marítima Internacional (OMI) a la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) del desarrollo del primer conjunto de normas para compañías de seguridad marítima privada, cuyos borradores estarán listos para la próxima reunión del Comité de Seguridad Marítima (MSC) que se celebrará el próximo mes de noviembre.
El secretario general de la OMI, Koji Sekimizu, anunció ya la decisión de desarrollar guías y una normativa internacional para las mencionadas compañías de seguridad, y se refirió a los distintos grupos de trabajo de la OMI que se encargan de debatir los contenidos que califican como "requerimientos mínimos" para desarrollar estrategias de seguridad contra los ataques piratas.
Consulta de expertos
Tras las opiniones iniciales de las partes interesadas, la ISO creará un grupo de expertos que se encargará de la redacción del borrador de una normativa y de directrices para ser presentadas en la próxima reunión del Comité de Seguridad en noviembre.
Los problemas derivados de la piratería en distintos lugares del mundo, más concretamente en el Océano Índico y el Golfo de Aden, así como en aguas de Guinea y el Estrecho de Malaca, han provocado el nacimiento de numerosas empresas de seguridad marítima. La mayor proliferación se produce de manera muy significativa en Gran Bretaña, después de que el primer ministro David Cameron autorizase desde el pasado mes de octubre el uso de guardias armados a bordo de los barcos.
Este hecho supuso la inmediata necesidad de contar con reglas efectivas para la prestación de este servicio en flotas de otros países en los que sus embarcaciones han sido objeto de ataques piratas.
Sin embargo, la ausencia de un modelo único de medidas de seguridad ha generado innumerables sistemas y procedimientos de evaluación. Ahora la ISO tratará de aunar criterios para transmitir a la OMI un conjunto de normas común.
Fuente: La Opinión coruña
Detenido un vigilante de seguridad por planificar los atracos en los supermercados donde trabajaba
Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos individuos como presuntos autores de tres robos con violencia en supermercados de Madrid.
Uno de ellos, habilitado como vigilante de seguridad, trabajaba en las tiendas donde se cometían los atracos y aprovechaba su labor profesional para tener acceso a información privilegiada. Así podía planear los robos para que se cometieran con total seguridad e, incluso, posteriormente aportaba pistas falsas a los agentes para dificultar la investigación. Hasta el momento se les imputan tres atracos en los que han sustraído más de 20.000 euros.
Atraco en un comercio
La investigación comenzó hace unos dos meses. Los agentes tuvieron conocimiento de un atraco con arma de fuego cometido en un supermercado del distrito de Usera. El autor accedió al establecimiento durante el horario de apertura y se ocultó en los aseos hasta la hora de cierre. Cuando el vigilante de seguridad realizaba la ronda habitual, el individuo le golpeó en el rostro y encañonó con una pistola para que le indicara el lugar donde se guardaba el dinero. Una vez en la oficina, amenazó a dos empleadas que estaban contando la recaudación del día y obligó al vigilante a guardar el efectivo en una bolsa. Tras ello, abandonaba el lugar en un vehículo.
Los agentes realizaron varias gestiones para esclarecer el robo y pudieron comprobar la sospechosa actitud del vigilante. En su declaración ante los investigadores, daba una versión que difería bastante de lo que realmente había ocurrido y existían claros indicios de que había actuado en connivencia con el atracador.
Pistas falsas
Los investigadores constataron que ocultaba información y aportaba datos erróneos con el fin de entorpecer y dificultar la labor policial. En su declaración, el vigilante manifestó a los agentes que había un segundo individuo esperando en un turismo pequeño con el que se dieron a la fuga en dirección a un barrio de la capital. Las gestiones policiales determinaron que el atracador huyó solo, en una furgoneta y en dirección contraria a la manifestada por el vigilante.
Con todos los datos obtenidos, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo operativo y procedieron a la detención del vigilante de seguridad, Juan Antonio D. B. Igualmente era detenido Eduardo G. R. como la persona que materializaba los asaltos.
Gestiones posteriores han determinado que son los autores de otros dos atracos a supermercados cometidos en Madrid. En todos ellos, Juan Antonio se encontraba realizando labores de vigilante de seguridad en los locales comerciales. El botín total sustraído asciende a más de 20.000 euros.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la sección de Policía Judicial de la Comisaría de Usera-Villaverde, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Uno de ellos, habilitado como vigilante de seguridad, trabajaba en las tiendas donde se cometían los atracos y aprovechaba su labor profesional para tener acceso a información privilegiada. Así podía planear los robos para que se cometieran con total seguridad e, incluso, posteriormente aportaba pistas falsas a los agentes para dificultar la investigación. Hasta el momento se les imputan tres atracos en los que han sustraído más de 20.000 euros.
Atraco en un comercio
La investigación comenzó hace unos dos meses. Los agentes tuvieron conocimiento de un atraco con arma de fuego cometido en un supermercado del distrito de Usera. El autor accedió al establecimiento durante el horario de apertura y se ocultó en los aseos hasta la hora de cierre. Cuando el vigilante de seguridad realizaba la ronda habitual, el individuo le golpeó en el rostro y encañonó con una pistola para que le indicara el lugar donde se guardaba el dinero. Una vez en la oficina, amenazó a dos empleadas que estaban contando la recaudación del día y obligó al vigilante a guardar el efectivo en una bolsa. Tras ello, abandonaba el lugar en un vehículo.
Los agentes realizaron varias gestiones para esclarecer el robo y pudieron comprobar la sospechosa actitud del vigilante. En su declaración ante los investigadores, daba una versión que difería bastante de lo que realmente había ocurrido y existían claros indicios de que había actuado en connivencia con el atracador.
Pistas falsas
Los investigadores constataron que ocultaba información y aportaba datos erróneos con el fin de entorpecer y dificultar la labor policial. En su declaración, el vigilante manifestó a los agentes que había un segundo individuo esperando en un turismo pequeño con el que se dieron a la fuga en dirección a un barrio de la capital. Las gestiones policiales determinaron que el atracador huyó solo, en una furgoneta y en dirección contraria a la manifestada por el vigilante.
Con todos los datos obtenidos, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo operativo y procedieron a la detención del vigilante de seguridad, Juan Antonio D. B. Igualmente era detenido Eduardo G. R. como la persona que materializaba los asaltos.
Gestiones posteriores han determinado que son los autores de otros dos atracos a supermercados cometidos en Madrid. En todos ellos, Juan Antonio se encontraba realizando labores de vigilante de seguridad en los locales comerciales. El botín total sustraído asciende a más de 20.000 euros.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la sección de Policía Judicial de la Comisaría de Usera-Villaverde, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Fuente: El digital de Madrid
El Gobierno se compromete a "estrechar lazos" entre la seguridad pública y privada para aumentar la eficacia
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| Europa Press |
Durante la inauguración del IV Congreso de Directores de Seguridad Privada, Cosidó ha reconocido que la seguridad privada en España se configura como un recurso externo "de primer orden" para el sistema público de seguridad nacional y ha insistido en la necesidad de mejorar la colaboración entre ambos cuerpos.
Para ello, ha recordado que el Gobierno está trabajando en una reforma de la Ley de Seguridad Privada para "estrechar lazos" con el sector público "mediante la colaboración operativa y abriendo nuevas perspectivas de cooperación". Según ha remarcado, las actividades de la seguridad privada se encuentran subordinadas y bajo la preeminencia de la seguridad pública a través de la Policía nacional.
En España operan 1.500 empresas de seguridad privada en las que trabajan más de 100.000 profesionales. Cada día se producen una media de 140 acciones concretas de colaboración y, además, en una de cada tres actuaciones de la Policía Nacional se cuenta con presencia e información de profesionales de seguridad privada.
"Desde mi responsabilidad como director general de la Policía estoy impulsando decididamente el estrechamiento de los lazos entre estos dos ámbitos, en una aproximación que busca ante todo aumentar nuestra eficacia y mejorar nuestros niveles de eficiencia", ha insistido Cosidó.
El director general de la Policía ya en el pasado mes de febrero el proyecto Red Azul, un plan integral de colaboración con Seguridad Privada orientado a ofrecer una respuesta más eficiente. Hoy ha transmitido a los directores de seguridad que la Dirección General de la Policía está impulsando una nueva ley que valore positivamente el papel complementario de la seguridad privada, cuyos profesionales "contribuyen decisivamente con su trabajo a mejorar la seguridad y libertad de todos los españoles".
Cosidó ha destacado especialmente la labor desarrollada por los directores de seguridad privada, de quienes ha dicho que son "los profesionales más cualificados dentro del sector", merecedores de un especial reconocimiento por su esfuerzo en la coordinación y colaboración entre seguridad pública y privada.
Fuente: Europa Press
Los vigilantes de los juzgados están sin cobrar al deber Justicia más de un millón a la empresa
La Conselleria tramita el pago urgente de dos de los seis meses que tienen que abonar por el servicio de seguridad.
P. C.
Más de un vigilante de seguridad de la empresa CECA que presta servicio en alguno de los juzgados de Alicante, Valencia y Castellón no tiene ni dinero para echar gasolina para ir a su trabajo al no haber cobrado la nómina de mayo porque la Conselleria de Justicia debe más de un millón a la sociedad responsable del servicio de vigilancia en buena parte de las sedes judiciales de la Comunidad. La empresa ha comunicado a los vigilantes que tiene problemas de tesorería y no les pagará hasta que Justicia salde sus deudas o al menos les abonen parte de las facturas de seis meses que están pendientes de pago
Una portavoz de la Conselleria de Justicia admitió la existencia de dicha deuda de seis meses e indicó a este diario que estaban tramitando con Contratación el pago urgente de la deuda correspondiente a los meses de diciembre y enero. Igualmente, señalaron que están gestionando con Hacienda el modo de ir abonando paulatinamente el resto de facturas pendientes.
Treinta trabajadores
En la provincia de Alicante trabajan una treintena de vigilantes para la empresa CECA, buena parte de ellos en los juzgados de Benalúa y en Elche.
Los vigilantes esperan que la Generalitat pague cuanto antes sus deudas para que Ceca Seguridad ingrese el dinero de las nóminas a su personal, ya que más de un trabajador tiene serios problemas por la falta de liquidez.
Pese a estar seis meses sin cobrar de Justicia el dinero del servicio de seguridad de las sedes judiciales, los vigilantes no habían tenido problemas con sus nóminas porque Ceca Seguridad ha pagado con normalidad hasta que ha tenido los problemas de tesorería para hacer frente a los pagos.
Fuente: Diario Información
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