La palabra "vigilante" proviene de los primeros centinelas establecidos en la Antigua Roma durante el gobierno del emperador César Augusto y quienes con el tiempo se convirtieron en la Guardia Pretoriana. Sus funciones eran la de servir como un cuerpo élite para la seguridad del César, ser una especie de fuerza policial que mantenía el orden público en la ciudad y también actuar como bomberos en caso de incendio

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Agredidos por vigilar


El personal de seguridad de Metro Bilbao denuncia que sufren cuatro ataques cada semana
El 80% de las agresiones graves acaban en baja laboral

Dos guardias de seguridad vigilan una de las estaciones del metro de Bilbao. / LUIS ALBERTO GARCÍA
Andoni Orrantia
Manu tiene 38 años. Desde hace tres es vigilante en el metro de Bilbao. Los sábados su jornada comienza a las 11 de la noche y termina a las ocho de la mañana del domingo. Forma parte de los casi cien vigilantes que diariamente velan por la seguridad de los usuarios en las instalaciones del suburbano. “Es un trabajo muy tenso y más si en alguna ocasión has tenido algún altercado”, advierte.

Hasta el año pasado, la seguridad del metro era competencia de tres empresas. En la actualidad, la gestionan Prosegur y Sabico, cada una línea. En el primer caso supervisan la que abarca Santurtzi-Basauri. En el segundo, la que va desde Lutxana hasta Plentzia. Entre semana las patrullas se hacen individualmente, el fin de semana dependiendo en qué estación, por parejas. Y es aquí donde llega su primera demanda. “Muchas veces nos vemos indefensos, es nuestra palabra frente a la del denunciante. Hace falta más personal. Las supervisiones de 20 minutos que dedicamos a cada estación para comprobar que todo está bien son escasas”, sostiene el comité de empresa.

Todavía están recientes los hechos ocurridos la madrugada del pasado lunes en las paradas de Sopelana y Aiboa, donde dos vigilantes fueron agredidos por dos jóvenes de 16 y 31 años respectivamente. Uno, por mediar en una discusión. El otro, por evitar el robo de un bolso a una mujer. “Las agresiones casi siempre empiezan de modo verbal, después el individuo pasa a la acción. Es raro que te vengan y te peguen directamente”, matiza un portavoz del comité. Según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, cada semana se enfrentan de media a cuatro agresiones. De hecho, las estadísticas constatan que el 80% de los ataques graves conlleva una baja laboral. Sólo una de las dos empresas encargadas de la seguridad registró el año pasado un 14% más de bajas que en 2010. Metro Bilbao prefiere no entrar en cifras e insiste en que los episodios graves son aislados. “Estamos ante uno de los medios más seguros del Estado y además en la última encuesta, los clientes valoraron la seguridad con un 8,5 sobre diez”, afirman.

Según los datos, el detonante de los ataques es muy variado y va desde quien se salta el acceso porque no quiere pagar billete hasta quien orina en las vías. Por su parte, las zonas más calientes, como las denominan en su argot los vigilantes, son Casco Viejo, Abando, Barakaldo, Berango y Bolueta. Estas últimas por la presencia de discotecas. Las horas más críticas; de cuatro y media de la madrugada a siete de la mañana. “Los fines de semana son peores y ahora en verano más”, enfatizan los vigilantes. Y es que tienen muy claro en su calendario las dos épocas del año. “De junio a septiembre, la Margen Derecha es más peligrosa por las fiestas; en invierno, la Margen Izquierda y Bilbao”, aseguran. En cuanto al perfil del agresor, está muy determinado; adolescentes alcoholizados tras una noche de fiesta o inmigrantes. Según los vigilantes, es muy difícil encontrar reincidentes. En el último año se han dado dos casos; uno fue el de Bijan Alizadeh, el joven iraní de 31 años que en noviembre de 2011 acabó con la vida de un jubilado en Santutxu e hirió a siete personas más. “Durante varios meses fue muy conflictivo. Saltó a las vías en Bolueta, se cayó por un túnel, le tuvimos que desalojar a la fuerza de un vagón…”, recuerdan desde el comité. El otro, el de un indigente magrebí de 18 años con hasta 50 detenciones en Bilbao, antecedentes penales por agresión con arma blanca y abusos sexuales, que mordía a los vigilantes y que en la actualidad no se le puede juzgar por estar en paradero desconocido. “Les conminas a que no hagan lo que están haciendo pero no te hacen caso y es cuando tienes que dar aviso al supervisor de que alguien no cuenta con billete y es cuando te agreden”, relata Manu.



No están solos. Los vigilantes están comunicados entre ellos por un sistema de voz denominado Tetra. “Antes era peor, funcionábamos con teléfonos móviles, en zonas que a veces no había cobertura y sin saldo”, denuncia el comité. “En la actualidad, el escenario ha cambiado”, reconocen. Además, el circuito cerrado que conforman las centenares de cámaras de seguridad con las que cuenta Metro Bilbao, dan testimonio de casi todo lo que sucede en su interior. Es la principal prueba que poseen los vigilantes que se ven envueltos en agresiones durante su jornada laboral aunque hay ángulos muertos. El documento junto con el testimonio del supervisor es tenido en cuenta por el juez como prueba. “No obstante, es necesaria la unificación de la defensa; es decir, no puede darse como ahora que en los juicios, Metro lleve su abogado y el vigilante el suyo. No existe comunicación”, desvela el comité.

No todos los ataques se denuncian. El 90% de los físicos acaba en juicio por la vía penal. En caso de resultar condenado, el agresor paga la multa si antes no se declara insolvente. Si pierde el vigilante (ocurre en un 5% de los casos), es la empresa la que se hace cargo o bien éste quien debe abonar de su bolsillo sanciones de hasta 600 euros.

Hasta la fecha las sentencias han sido muy variadas, desde la multa hasta la cárcel y en algunos casos el problema es el tiempo. “Hay procesos que se pueden alargar mucho porque los imputados no tienen un domicilio fijo donde remitir su citación”, destaca el abogado Hugo Sánchez, que lleva causas de este tipo desde hace cuatro años. Sólo de una de las dos empresas de vigilancia a la que asiste, recibe al año alrededor de 50 casos. Uno de los últimos más graves, una agresión que tuvo lugar en la estación del Casco Viejo en mayo de 2008 y que terminó con dos de los vigilantes atendidos en el hospital y con un tercero herido en la cara. La sentencia dictada recientemente condenaba a los cuatro jóvenes a una pena cada uno de 3 años de prisión y una indemnización de entre 2.400 y 14.400 euros. El origen de la trifulca; la falta de billete.



Fuente. El País

Qué pasa cuando se tocan los convenios

El caso de un vigilante que tras la reforma ve peligrar el 40 % de su nómina mileurista

MANUEL LAGO PEÑAS  
Javier es un vigilante de seguridad que trabaja en A Coruña. Después de 25 años en el sector y una antigüedad de 22 años en la empresa, su sueldo neto es de 1.058 euros al mes. El salario de Javier está regulado en un convenio colectivo de ámbito estatal, el de seguridad privada, que fija las condiciones laborales de todos los vigilantes de seguridad, de forma que ninguna empresa podía pagar menos de lo que establecía el convenio. Javier, además, cobra el plus de antigüedad, el de peligrosidad, de transporte y de vestuario, todo para llegar a esos 1.058 euros.
No es mucho, pero a Javier le proporcionaba una estabilidad ahora amenazada por la reforma laboral. El y sus 700 compañeros de empresa, los 5.000 vigilantes que hay en Galicia y los 100.000 en España. Porque la reforma permite que cualquiera de las más de 1.500 empresas del sector rompa con el convenio estatal y fuerce la negociación de un convenio de empresa. Porque el Real Decreto Ley 3/2012 establece la prioridad de los acuerdos de empresa y posibilita que en cualquiera se puedan firmar condiciones inferiores a las del convenio del sector.
Las consecuencias de esta decisión pueden ser muy negativas para los trabajadores, pero también para las empresas. Para los trabajadores porque obviamente todos los acuerdos y pactos de empresa serán para establecer condiciones laborales por debajo del convenio actual. Esto es, para reducir los salarios, aumentar la jornada, modificar los turnos y perder derechos conquistados durante años.
Pero también para las empresas porque, hasta la reforma laboral, cuando presentaban ofertas compitiendo por un contrato para vigilar un centro comercial, un hospital o una entidad financiera partían todos del mismo salario para sus trabajadores. Ahora, las empresas que sean capaces de negociar un convenio con salarios más bajos y más horas de jornada reducirán su coste laboral, lo que les permitirá presentar ofertas más baratas, desplazando a las empresas que apliquen el convenio estatal.

Descuelgue empresarial

En esta situación, ninguna compañía se quedará quieta; una tras otra abandonarán el convenio del sector, iniciando una espiral de reducción de los salarios para poder competir. Dumpin social instalado en el centro mismo de las relaciones laborales en España. Corren un peligro real los pluses, que en el caso de Javier suponen el 40 % de su nómina. Pero en el caso extremo puede acabar cobrando el SMI (641,40 euros brutos al mes), la mitad de lo que hoy cobra Javier.
Hay algo todavía peor en la reforma laboral. Y es que el convenio actual establece la subrogación, esto es, que si es una empresa nueva la que presta el servicio de vigilancia, tiene que subrogarse de toda la plantilla manteniéndole sus derechos laborales, incluida la antigüedad.
Esta cláusula que da estabilidad al sector y mantiene los derechos de los trabajadores, corre peligro real de desaparecer si lo que se negocian son acuerdos individuales en cada empresa. La reforma provoca la desregularización laboral al eliminar el salario común y la subrogación, potenciando a las peores empresas, que desplazarán vía precios bajos a las más estables y con años de presencia en el sector. Una situación que causa preocupación hasta en las grandes empresas del ramo, agrupadas en la patronal Aproser, y que empiezan a dar señales de alarma ante el riesgo de competencia desleal por parte de las firmas con malas prácticas.
Todo esto también puede pasar en los demás sectores de servicios basados en el uso interno del factor trabajo. Por ejemplo, la limpieza de edificios, el servicio de atención a domicilio o la limpieza de hospitales. Es el caso de la mujer de Javier, María, que trabaja en ayuda a domicilio a personas dependientes, y que después de 6 años de antigüedad cobra 841 euros al mes. Casi un privilegio, porque está a jornada completa, algo excepcional en el sector.
La nueva legislación laboral

La soledad del escolta


Joao en un momento de la entrevista


Incertidumbre y malestar ante la eliminación de 1.300 puestos
El futuro de los escoltas privados está en el aire tras los recortes anunciados
Las asociaciones plantean proteger a maltratadas o empresarios




Luis Núñez- Villaveirán | Bilbao | San Sebastián  

Vino persiguiendo el amor desde el país vecino. Una chica vasca lo atrajo a su tierra y ya no le soltó. El amor es lo único que le queda en el norte de España puesto que en su profesión, escolta privado, ya no tiene trabajo, ni futuro. "Terminó el terrorismo y comenzó el INEM", explica Joao ante la cámara. Su situación no es única. En los recortes que pretenden el Ministerio del Interior y el Gobierno Vasco por "el exceso de protección", según el ministro Jorge Fernández, los privados son el colectivo más vulnerable. Hoy, una especie en extinción.

Es difícil localizarles, muchos como Rafa (nombre ficticio), no quieren hablar a cara descubierta puesto que es raro la empresa de seguridad que no haya comenzado a recortar personal. De hecho, las principales compañías españolas han decidido no participar en este vídeo-reportaje porque la "situación está complicada y no queremos echar piedras sobre nuestro propio tejado". El anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de la banda terrorista ETA ha hecho que poco a poco se vaya prescindiendo de sus servicios.

Algo que no ha sentado bien entre algunos de los concejales que viven bajo el influjo y la presión de la izquierda abertzale. Ana Salazar y Maria de los Ángeles Bastos son concejalas del Partido Popular en Durango y Errentería respectivamente. Ana lleva desde los 26 años con escolta y asegura que resultará "complicado" vivir sin ella. Mari Ángeles no esconde ante el objetivo que "cuando le quiten el escolta, no cree que le vayan a pegar un tiro pero que bonita no le van a llamar". Es la otra cara de una moneda que no parece dejar a nadie contento.

Eso sí, el futuro más negro lo tiene un colectivo que se siente abandonado por las personas a las que sirvió. Ellos, la clase política, dicen, y con razón, 'no deciden quien tiene que llevar o no escolta, son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado'. Desde la izquierda abertzale destacan la parte positiva de prescindir de la seguridad ante la nueva situación de libertad en el País Vasco. Joao responde contundente que 'ahora se ha dado cuenta de que sus verdaderos enemigos quizás no fuesen los de ETA sino los políticos que le han dado la espalda'.
Fuente y Vídeo reportaje: El Mundo

El gran fraude de la seguridad privada en Canarias

Varias empresas del sector llevan años cometiendo irregularidades ante la pasividad de los responsables políticos.

CANARIASINVESTIGA.ORG
El pasado verano la Policía realizó en el sur de Tenerife la primera operación en España contra el intrusismo en seguridad privada. Hubo varios imputados y un detenido que quedó en libertad tras declarar ante el juez. En enero se volvió a detener al mismo hombre, acusado de ejecutar el mayor fraude a la Seguridad Social en Canarias, de más de un millón de euros, a través de la misma trama empresarial. Es el ejemplo más reciente -y como se verá, no el único- de irregularidades en un sector donde se reparten jugosos contratos de vigilancia a través de distintas administraciones públicas, y que a menudo arroja más sombras que luces sobre las prácticas de las empresas contratadas.

Canarias Investiga ha trabajado durante meses en un reportaje que se irá desgranando en los próximos días, y que pretende poner de manifiesto que esta situación ocurre con el conocimiento de unos responsables políticos que, durante muchos años, han preferido mirar para otro lado.

Ya en 2005 los cuatro principales sindicatos de seguridad privada en Canarias (FTSP-USO, Intersindical, CCOO y UGT) hicieron pública una carta en la que denunciaron que la empresa que se estaba quedando con la mayor parte del pastel, Seguridad Integral Canaria, inclumplía sistemáticamente sus obligaciones laborales y tributarias, además de la Ley de Seguridad Privada. Esa firma, propiedad del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, como ESABE, de ámbito nacional y con presencia en las dos provincias canarias, han sido habitualmente objeto de la ira de los sindicatos, especialmente de FTSP-USO e Intersindical, los más activos en este terreno.

Durante estos años, varias empresas de seguridad privada -normalmente las que están fuera de la patronal Aproser- han sido sancionadas reiteradamente por diferentes incumplimientos. Intentos continuados de fraude que se han consumado en buena parte con el dinero público de los contratos de vigilancia. Baste decir que algunas de estas empresas han trabajado para las delegaciones de Hacienda y Seguridad Social, mientras recibían sanciones de los mismos organismos por diferentes impagos. Pero ahora retrocedamos una década.

Año 2000 y siguientes: fraude a la Seguridad Social. A mediados de la década pasada la Inspección de Trabajo en Las Palmas lleva algún tiempo interesándose por determinadas firmas de seguridad privada. En un escrito de 2006 se comunica a la parte denunciante que una empresa en concreto mantiene impagos a la Seguridad Social desde seis años atrás. Tras el requerimiento de deuda, la empresa implicada se pone al día. Pero no de manera voluntaria, sino porque la Inspección detecta el... ¿error? Se trata de horas extras ingresadas en la nómina de los vigilantes como "dietas", para eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social. La intencionalidad del fraude es clara. Este juego del gato y el ratón ha continuado hasta hoy hasta el punto de convertirse en rutina, ante el hartazgo expresado por trabajadores de la citada Inspección de Trabajo.

Este fraude, que por sus dimensiones merecerá un capítulo aparte, no es el único. También se ha podido comprobar el pago de horas extras fuera de nómina por parte de ESABE Seguridad, eludiendo el pago correspondiente a la Seguridad Social. Así lo asegura una sentencia del pasado año del juzgado de lo Social nº5 de Santa Cruz de Tenerife. El juez no solo da la razón al vigilante de un centro asistencial en Arona (Tenerife), que denuncia a la empresa por despido nulo. También destaca que ESABE utilizaba una entidad ubicada en Barcelona y vinculada a la misma firma de seguridadpara realizar los pagos fuera de nómina. Sin contar los indicios de falsedad documental sobre los partes de las horas de servicio. Los pagos bajo cuerda han sido puestos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, que el pasado año impuso un expediente sancionador a ESABE por la negativa a aportar los documentos que le requerían.

2005. Valle Tabares, centro de operaciones ilícitas. La Fiscalía de Menores es informada ese año de actuaciones de la Policía contra vigilantes sin titulación, en el centro de menores de Valle Tabares, en Tenerife. Meses más tarde la Dirección General del Menor suspende a 24 vigilantes -22 en este centro, 2 más en Gran Canaria- por tener antecedentes penales como violencia de género, tráfico de drogas y robos con violencia. Uno de ellos estaba además en busca y captura.

A los responsables políticos no les parecieron suficientes las denuncias por malos tratos, palizas, violaciones, motines, incendios y tres muertes dadas a conocer por el Diputado del Común. Tuvo que darse la casualidad de que un antiguo director de la prisión Tenerife II reconociera a uno de estos vigilantes como ex recluso de la cárcel, y lo pusiera en conocimiento de la Fiscalía.

En verano de 2010 se destapa además la operación Bachiller, donde se detiene a 15 personas por falsificar títulos de Bachiller y FP a través de una academia de seguridad privada compinchada, certificados necesarios para acceder a los puestos de director o jefe de seguridad. En una ramificación de las investigaciones, nueve vigilantes de Valle Tabares son detenidos por falsificar su título. Pertenecían a Dialse, otra empresa muy conflictiva que acabó desapareciendo.

2009. Contabilidad creativa en el aeropuerto Tenerife Sur. El 3 de marzo de ese año la Guardia Civil detiene al jefe de seguridad de AENA en el aeropuerto Reina Sofía del sur de Tenerife. Se comprobó que entre enero de 2007 y febrero de 2009 contabilizó más horas de las reales a los vigilantes de seguridad privada, defraudando a AENA 186.800 euros. De nuevo aparece el nombre de Seguridad Integral Canaria. El responsable de contabilidad de esta empresa resulta imputado, aunque el juez instructor -la causa sigue abierta- no logra probar la complicidad entre ambos. Miguel Ángel Ramírez resulta igualmente imputado por delitos de estafa y apropiación indebida.

El auto del juez es muy esclarecedor de las circunstancias en las que se produjeron los hechos: "Como él mismo [Miguel Ángel Ramírez] manifestó en su declaración judicial, 'en condiciones normales, el cumplimiento escrupuloso de las condiciones fijadas en el pliego de contratación suponía un resultado deficitario para el patrimonio de la empresa'". El juez no tiene dudas de que esta afirmación es un indicio de la intención defraudatoria, además de que la empresa adaptaba su contabilidad para hacerla coincidir con las horas de servicio inventadas.

(En ese mismo periodo 2007-2009 se produce en el Cabildo de Gran Canaria una trama de cobro de comisiones ilegales, con horas de servicio ficticias, en el servicio de seguridad privada a cargo de Seguridad Integral Canaria. Mismo método, misma empresa, aunque en este caso la compañía se desentendió expulsando a los imputados).

Por sorpresa y contra todo pronóstico, en octubre pasado se supo que AENA está conforme con el servicio prestado durante el tiempo en que se produjo el fraude del aeropuerto, y que no tiene intención de sumarse a la demanda tras haber anunciado lo contrario en 2009. Tal es el sinsentido que caracteriza este sector en Canarias.

2010. Jefes se seguridad sin titulación. Desde finales de 2009, se empiezan a detectar en el Hospital Universitario de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, varios miembros del servicio de seguridad privada, proporcionado por ESABE, sin la titulación requerida. Tras varias denuncias a la Subdelegación del Gobierno -el intrusismo en seguridad privada está vigilado por la Policía-, se detecta en 2010 que un director de seguridad, dos jefes de seguridad y un vigilante están incurriendo en infracciones graves, extremo que es confirmado por el subdelegado del Gobierno en ese momento. Dichas infracciones suponen multas de 300 a 30.050 euros y suspensiones de hasta un año para ejercer.

2011. La Policía actúa. El pasado año ha sido uno de los más movidos en el sector en Canarias. Huelgas, una historia con tintes novelescos en la universidad, dos actuaciones policiales y un robo ha sido lo más destacado.

Uno de los hechos más controvertidos fue el culebrón que se produjo en la ULPGC con motivo de la renovación del servicio de vigilancia. Este medio adelantó que la universidad hizo oídos sordos a la auditoría de su jefe de seguridad, que recomendaba no renovar el contrato de más de tres millones de euros a Seguridad Integral Canariapor diferentes incumplimientos, y hacer un nuevo concurso público. Pero el propio servicio jurídico de la ULPGC desautorizó esa auditoría, recomendando lo contrario, renovar el contrato. Reuniones inéditas en la cúpula universitaria, un presunto ataque informático, filtraciones, informaciones confusas, una supuesta visita de una empresa rival y un conflicto laboral terminaron de enredar la cuestión, que se solventó con la renovación del servicio a la misma empresa.

En agosto se llevó a cabo en el sur de Tenerife la operación Rayo, primera en España contra el intrusismo en seguridad privada. El Grupo Operativo de Seguridad Privada (GOSP) de la Policía Nacional detuvo a un hombre acusado de un delito de intrusismo.El detenido y el resto de imputados ofertaban servicios de seguridad establecimientos del sur de Tenerife, empleando trabajadores sin titulación oficial. A pesar de las continuas sanciones, el sistema utilizado era tal que cuando la empresa del acusado era obligada a abonar la sanción, esta era descapitalizada y dada de baja en el registro mercantil, con lo que la actuación inspectora era inútil.

El 4 de noviembre pasado unos desconocidos se hicieron pasar por vigilantes de seguridad y robaron medio millón de euros del supermercado La Hucha, en La Laguna (Tenerife) a punta de pistola. La manera en que ejecutaron el robo y el hecho de que portasen uniformes de Seguridad Integral Canaria -la empresa que custodiaba el recinto- demostró que el golpe había sido planificado minuciosamente. La Policía sospechó enseguida de miembros de la red desarticulada en la operación Bachiller, que también habían pertenecido a Seguridad Integral hasta que fueron despedidos tras ser acusados en verano de 2010 de falsificar títulos.

Hace dos meses, este medio adelantó que la Policía preparaba una segunda operación el el sur de Tenerife, que se llevó a cabo semanas después con la detención de principal acusado en la operación Rayo, por estafar 1'2 millones a la Seguridad Social, la mayor cifra defraudada en Canarias hasta ahora.

Las huelgas han estado debidas principalmente a las reducciones de plantilla, debido en buena parte a impagos por parte de las administraciones públicas. Por tanto las más afectadas han sido las que más dependen de servicios contratados por estas. Según datos de la patronal Aproser, la cuarta parte de las contrataciones en España depende de las administraciones. Pero algunas empresas superan con mucho esta proporción, llegando al 70-80%, y han resultado por tanto más afectadas que las que dependen en mayor cuantía del sector privado.

Este año promete nuevas informaciones. Inspección de Trabajo, jueces, policías y los propios vigilantes están tomando conciencia del cáncer que supone para la sociedad y para ellos mismos tolerar estos comportamientos propios de empresarios que se ven como seres omnipotentes. Solo la clase política, de momento, parece vivir ajena a una realidad que también a ellos les quiere comer por dentro, en una versión más delEnsayo sobre la ceguera de José Saramago.

Profesionales del papel de plata

Los rateros perfeccionan la técnica de los bolsos forrados con aluminio, para eludir las alarmas Los comerciantes prestan especial atención al problema y comienzan a implantar arcos detectores de metal.

F. MANTECÓN
Los comerciantes han de convivir día a día con los hurtos y robos en sus establecimientos, pero a medida que crece la necesidad, aumenta el ingenio de los rateros para eludir la vigilancia. El simple procedimiento de arrancar las alarmas sigue siendo predominante --en una proporción de hasta diez a uno, según el jefe de Seguridad de un centro comercial zaragozano, que prefiere permanecer en el anonimato--, pero los ladrones recurren cada vez más a la técnica de forrar bolsos y carritos de bebé con papel de aluminio. Esta cubierta bloquea los arcos detectores y les permite llevarse la mercancía sin tener que arriesgarse a ser pilladosarrancando la alarma.

La técnica es sobradamente conocida, "incluso se ha quedado anticuada", según algunos empleados, pero los ladrones se las ingenian para perfeccionarla. "Se lo curran bastante", explicaba una empleada de una cadena de tiendas de ropa de alta gama. "Nosotros tuvimos el caso de un hombre que llegó con una cartera de ejecutivo preparada con Albal, bien vestido, y se llevó tres pantalones y tres americanas, que valdrían más de 500 euros. Afortunadamente se dio cuenta un guardia de seguridad, ya fuera de la tienda, pero el hombre tiró la cartera y escapó corriendo", explicaba.

I+D del papel Albal

A medida que la técnica se ha ido popularizando --buena prueba de ello son las bolsas forradas que se acumulan en las salas de seguridad de los centros comerciales, o en el depósito de pruebas de los juzgados de Zaragoza--, el personal de seguridad ha afinado el ojo a la hora de detectarlos. "Yo los pillo al vuelo", coincidían varios guardias. Pero los delincuentes no se quedan atrás. En una suerte de I+D del hurto, ya no se conforman con forrar bolsas con el papel de plata y cartón, fácilmente detectable por la rigidez del recipiente, sino que lo introducen por dentro del forro. Ante esto, "si no estás atento, es fácil que se te pase incluso si miras dentro", explicaba un empleado. "Te guías por la intuición".

Este juego del ratón y el gato entre los comerciantes y los ladrones abre un nuevo capítulo, con la instalación de arcos que detectan las superficies metálicas. Según explicaba el citado jefe de seguridad, "no se activan ante unas llaves, sino ante una lámina metálica, con lo cual detectan este tipo de ingenios. Un carrito de bebé, por ejemplo, sí puede confundirlos, pero son más seguros".

Costes

Pero algunos no pueden permitírselos. Al igual que sucede con los nuevos tipos de alarmas, que incorporan tinta que salta al romperlas, los comerciantes discrepan respecto a su utilidad. Para unos tienen un claro efecto disuasorio, "ya que el delincuente queda con las manos y la ropa manchada"; para otros, son demasiado caras y echan a perder la prenda, y quizá otras colgadas junto a ella. "Compensa que te roben una y no te impidan vender varias", lamentan.

Algunos guardias de seguridad atribuyen gran parte de estos a bandas organizadas. "Llegan con el coche, se meten en las tiendas con estos bolsos forrados y hacen varios viajes hasta que llenan el coche", explican. La Policía, sin embargo, cree que en la gran mayoría de los casos se trata más bien de bricolaje casero.

El jefe de seguridad, en cierta manera, coincide. "Los pequeños grupos a menudo ni siquiera usan estos sistemas. Es curioso verlos en los videos de seguridad, uno entra como si hablara con un familiar por el móvil, y cuando ve que el dependiente se despista, avisa a los demás. Les delata el lenguaje corporal, con las manos en los bolsillos, aparentando inocencia. Pero los ves haciendo cuentas de los precios para no pasar de 400 euros", que marcan el límite entre falta o delito.

Las técnicas son de lo más variopinto, desde las falderas que esconden "incluso garrafas de aceite de cinco litros" bajo las faldas hasta los hombres que llevan bañadores femeninos bajo la ropa que van llenando como si fueran un saco andante. "Aquí todavía no hemos visto inhibidores de frecuencia, que anulan los arcos detectores, como en Andalucía. Pero tiempo al tiempo", anticipa el jefe de seguridad.

La facturación de la seguridad privada en España cae un 4,5% en 2011

Desde el comienzo de la crisis ha caido un 15%.
La facturación de la seguridad privada en España en 2011 ha sufrido una caída del 4,5% respecto al ejercicio económico de 2010, en el que se facturaron 3.386 millones de euros, según estimaciones contenidas en el 'Estudio Económico 2011', presentado por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser).


El citado estudio, señala que esta nueva caída, sumada a los sucesivos descensos en la actividad del sector desde el comienzo de la crisis, refleja una bajada total cercana al 15% y sitúa la facturación total en niveles del 2006. Además se puede observar que los tres pilares del sector -vigilancia, sistemas de alarmas y transporte de fondos- han continuado su descenso.
La caída más pronunciada en 2010 se corresponde con sistemas y alarmas que, con un total de 892 millones de euros facturados, tuvo una bajada del 9,1%, mientras que transporte de fondos cae un 3,25% y facturó 301 millones de euros. La vigilancia, el segmento más importante al representar cerca del 65% de la facturación total, ha experimentado una variación interanual del -2,05% y su facturación total en 2010 fue de 2.193 millones de euros.
Asimismo, el informe analiza otros aspectos que reflejan la situación laboral y social del sector, en el que se estiman que trabajan activamente cerca de 90.000 vigilantes de seguridad, la mayoría de los cuáles, un 85% tiene contrato indefinido frente a sólo un 15 % que tiene contrato temporal. En este momento, según Aproser, la mayor preocupación de las empresas del sector, y su objetivo, es mantener los puestos de trabajo.
La rotación anual disminuye con respecto a años anteriores y se sitúa en un 24%, una cifra muy inferior al 40% de 2007. Se aprecian también variaciones en el tiempo medio de servicio, que aumenta en el caso de los vigilantes (8,7 años) y disminuye en los trabajadores de estructura (10,6 años).
Respecto a la procedencia de las contrataciones, las del sector privado mantienen su dominio frente al sector público, con una proporción del 76% frente al 24%. Por segmentos de demanda, los que más requieren servicios de seguridad privada son: el comercio, las entidades financieras, las administraciones públicas, las infraestructuras de transporte y la industria y energía.
España cuenta en la actualidad con un total de 1.538 empresas de seguridad privada, según datos de la Unidad Central de Seguridad Privada.

Fuente: Cinco Días

Multas de hasta 3.000 euros por falta de seguridad en gasolineras

López Penide
Las imágenes de videovigilancia son cruciales para denunciar a morosos.
Las estaciones de servicio son, junto con bancos, joyerías, farmacias y despachos de lotería, negocios que por ley están obligados a disponer de sistemas de seguridad. Es por ello que la ausencia de los mismos supondría la comisión de una falta administrativa grave, la cual conlleva la imposición de una sanción de entre 300 y 3.000 euros.

Los análisis que periódicamente se realizan desde la Subdelegación del Gobierno y la Guardia Civil de Pontevedra han puesto de manifiesto que prácticamente todo el sector, sino la totalidad del mismo, cumple la legislación en este sentido. Con datos de enero de este año, en Pontevedra estaban registradas oficialmente unas 190 gasolineras y, según pusieron de manifiesto las inspecciones, casi el 100 % tenía todo en regla.

Lo más habitual es que estas gasolineras estén conectadas a una central de alarmas y que dispongan de equipo de grabación por vídeo, además de los propios requisitos y medidas que establece la normativa vigente.

En este punto, la legislación en materia de seguridad recoge las medidas que deberán adoptar las gasolineras en el ámbito de la seguridad privada. Algunas son obligatorias, mientras que otras dependerán de factores como el volumen económico que muevan, su situación geográfica o su vulnerabilidad frente a los amigos de lo ajeno.

Entre las primeras se encuentra la obligatoriedad de disponer de una caja fuerte con dos cerraduras protegidas y empotrada en una estructura de hormigón armado, «preferentemente en el suelo». Ambas llaves deberán estar en posesión de otras tantas personas que, en ningún caso, pueden trabajar juntas.

En cuanto a las segundas, se hallan desde pulsadores antiatraco, puertas blindadas, conexiones a una central de alarmas, sistemas de videovigilancia o, incluso, personal de seguridad. De hecho, cada vez son más los negocios que optan por incrementar voluntariamente su nivel de protección.

Las falsas alarmas
Curiosamente el hecho de disponer de estos mecanismos de vigilancia a mayores puede conllevar la comisión de otro tipo de faltas. Y es que la infracción más común en Pontevedra en el ámbito de la seguridad privada es la proliferación de falsas alarmas, situaciones que pueden llegar a movilizar a las fuerzas policiales sin motivo. Este tipo de episodios puede conllevar que se instruya un expediente por una falta grave, que estaría castigada de la misma manera que si la estación de servicio no dispusiese de seguridad alguna.

En todo caso, desde el sector se reconoce que se trata de mecanismos muy necesarios, toda vez que la grabación de imágenes en vídeo suele ser una prueba fundamental contra los que optan por no abonar los repostajes o lo hacen pero con una tarjeta de crédito irregular o sin fondos para tratar de evitar tener que pasar por caja. Se trata de dos prácticas que están repuntando.


La introducción de imágenes de videovigilancia en la confección de diligencias

La introducción de imágenes de videovigilancia en la confección de diligencias

Vigilantes jurados colaboran en el 60% de los hurtos investigados y resueltos

Policía Nacional controla las cinco mil licencias de seguridad privada y las más de cinco mil cámaras de vigilancia instaladas
Vigilantes de seguridad recogen sus diplomas. :: DIEGO HERRERO
La vigilancia privada se ha convertido en un complemento imprescindible para la seguridad pública.Mil trabajadores ejercen en estos momentos en toda la provincia de Granada frente a los 1.963 guardias civiles y los 1.200 policías nacionales que desarrollan su labor en Granada.
El jefe superior de Policía de Andalucía oriental, PedroLuis Mélida, lo dijo ayer durante la entrega de reconocimientos a los vigilantes jurados de las distintas empresas operativas en esta provincia. «Hoy por hoy son fundamentales, forman parte de un servicio complementario para la seguridad pública», dijo ayer.Tanto es así que la colaboración entre Policía Nacional y estos agentes de seguridad privados ha sido fundamental para esclarecer en torno al 60% de los hurtos denunciados, según comunicó ayer el jefe de la unidad territorial de Seguridad Privada de Policía Nacional. Son los hurtos precisamente los responsables de acumular más denuncias en las dependencias policiales. «La mayor implantación de los vigilantes jurados en los centros comerciales nos permite ser avisados cuando hay algún hurto importante, ellos disponen de tres teléfonos gratuitos para conectar con Policía Nacional».
Las empresas de seguridad privada disponen de un millar de trabajadores en esta provincia, pero hay cuatro mil personas más con licencia para ejercer funciones de vigilante de seguridad. «La crisis ha mermado el ámbito de la seguridad privada. En los dos últimos años la disminución de la demanda de nuestros servicios ha sido notable, cercana al 10% , situación que ha generado no pocas dificultades a las empresas. La previsión de 2011 ha caído en los primeros meses del año, esperamos que en estos últimos meses, al menos, se detenga la pérdida de trabajo», explicaJoaquínCaballero Jiménez, director comercial de Securitas en la provincia de Granada. Pese a la actual crisis, el sector ha crecido en los últimos cinco años en torno un 20%, según datos facilitados por Securitas, una de las empresas con más implantación en este país.
Policía Nacional es la responsable de controlar las cinco mil licencias de vigilantes de seguridad de Granada, también las más de cinco mil cámaras de vigilancia instaladas en centros comerciales y otros locales. «Todas aquellas licencias de vigilantes de seguridad cuyos propietarios llevan dos años de inactividad necesitan pasar unas pruebas para renovarla», una tarea más de esta unidad policial.
Dos millones de euros
En estos momentos, la provincia de Granada dispone de 35 empresas de seguridad privada que pueden generar, según Securitas, un movimiento económico de dos millones de euros. «Somos muy conscientes de los buenos resultados logrados gracias a la vigilancia privada y les ruego que sigan aportando la máxima colaboración con las fuerzas de seguridad», señaló el subdelegado del Gobierno, AntonioCruz, durante el acto de entrega de las distinciones honoríficas.
La seguridad se ha convertido en una necesidad, una preocupación que alimenta a numerosas empresas implantadas en la geografía granadina. Los robos en viviendas y empresas y el ingenio de los ‘cacos’ han lanzado a la rentabilidad a las empresas dedicadas a la seguridad privada. Mantener a salvo la casa o la caja fuerte suponen una inversión que puede rondar los 3.000 euros de media.
PedroLuis Mélida lo dejó ayer suficientemente claro: «para colaborar contra el delito, la unión hace la fuerza y los vigilantes de seguridad son imprescindibles en esta estrategia de colaboración con la Policía Nacional». Más de 20 vigilantes de seguridad fueron ayer distinguidos por la Policía Nacional.

Fuente: Ideal.es

Los perros del metro de Madrid trabajaban unas 18 horas y hasta 24 días seguidos sin descansar

La asociación El Refugio había denunciado hace un tiempo a la empresa JUPER por presuntos malos tratos a los animales. Ahora JUPER demanda a la asociación por supuestos prejuicios a su honor.

Según explica Nacho Paunero, presidente de El Refugio, Thor uno de los perros usados por la empresa, llega a trabajar 18 horas seguidas durante 24 días seguidos, sin descansar ninguno, en el mes de julio.





El 20 de julio de 2008 la policía municipal realizó un informe y sus mandos constataron la existencia de presuntos malos tratos, lo que luego originó la denuncia de El Refugio en el Juzgado de Instrucción nº 44 de Plaza de Castilla, que termina archivando por no apreciar la concurrencia de ensañamiento, requisito que antes exigía el Código Penal, pero que desde la reforma de éste promovida por El Refugio ya no es necesario.

Nacho Paunero también habla de la historia de otro perro llamado Lobo, de la empresa JUPER,utilizado para la vigilancia del metro de Madrid que tuvo que ser atendido por el SEVEMUR (Servicio de Urgencias Veterinarias del Ayuntamiento de Madrid) debido a ”lesiones compatibles producidas por un posible objeto punzante (collar, etc.) y heridas infectadas alrededor del cuello (sobre todo en la región ventral) con posible dermatitis secundaria.”



 Fuente. Schnauzi.com

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Una vida ligada a la defensa y la seguridad

Sus conocimientos sobre defensa y seguridad se deben a su dilatada experiencia personal y a los múltiples cursos que ha realizado. Largo y extenso es su curriculum. Medio mundo ha recorrido Andrés Ponce Rodríguez para lograr los más de 50 diplomas, tanto oficiales como de entidades privadas, que ha conseguido. Persona de mente inquieta a la que le gusta aprender y compartir sus experiencias, desde hace 15 años se dedica a la formación en seguridad a través de los cursos que imparte en la academia que dirige: DIDSA. En total son 44 áreas de formación entre las que destacan agentes de seguridad privada, especialista en protección y escolta, especialista en explosivos, planes de emergencia, Policía, Guardia Civil, Bomberos, instrucción en tiro y ciencia criminalista, por no citar más que éstas.

Pero antes, Andrés Ponce se introdujo en las artes marciales y defensa personal policial, comenzando por el kárate y después judo, tai jutsu, aiki jutsu (cinturón negro) y ninjutsu (15º Dan). Tiene la medalla de oro de las artes marciales.

Posteriormente, empezó a trabajar en el tema de la seguridad y comenzó a instruir a sus compañeros en defensa personal y educación física. En su haber figura también ser el primer vigilante a pie en Huelva. Ponce fue pionero con la apertura del gimnasio Ninja Shinobi, el primer en Huelva dedicado especialmente a ninjutsu, donde se formaron más de 300 alumnos. Con el tiempo transformó el gimnasio en academia y se dedicó por entero a impartir sus enseñanzas.

Experto internacional de defensas y técnicas policiales e intervención inmediata por escuela de Inglaterra y por la USKA de EEUU, también ha pasado por la Academia del Ejército y Policía de Israel; es preparador de grupos de escoltas especiales de policía y experto universitario en planificación y gestión de la formación continua. Entre tanto título sobresale otro aspecto: fisioterapeuta. También, ofrece sesiones de masaje gratis a los ancianos y a aquélla otra persona que lo precise. Profesionalidad y humanidad van unidas.

Hospitales «seguros» para más de 15.000 visitantes diarios.(Albacete)

MARÍA DOLORES MUNERA
Más de 160 cámaras y unos treinta vigilantes velan por la seguridad en el Perpetuo y en el General Universitario
Uno de los jefes de equipo de seguridad, ayer, en el Centro Operativo de Seguridad (COS), situado en el Hospital General de Albacete :: MANUEL PODIO



El Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA) puede presumir de ser uno de los pocos hospitales del país, pionero en Castilla-La Mancha, en contar con un departamento propio de Seguridad que vela cada día por las más de 15.000 personas que pasan por las instalaciones del Hospital General de Albacete, el del Perpetuo Socorro y la Unidad de Conductas Adictivas (UCA).
Un plan de Seguridad perfectamente estructurado «que cuenta con buenos equipos tanto personales como técnicos» como lo destaca el jefe de Seguridad del CHUA, Benito Mínguez, cuya labor se ha visto estos días reconocida por la Policía Nacional de Albacete.
«Es un complejo seguro», afirma sin dudarlo ni un segundo Benito Mínguez, quien insiste en que una de las claves de este éxito es «la profesionalidad del equipo», en estos momentos vigilantes de la empresa Securitas.
Reconoce que es «difícil» garantizar la seguridad en el sentido en que «hay que compaginar la accesibilidad total al complejo por parte de los pacientes, familiares, visitas, con la obligación de controlar desde el punto de vista de la seguridad todo lo que pasa cada día en estos hospitales».
Agradece la sensibilización de los trabajadores y las personas que acuden al complejo hospitalario con este tema y la «perfecta coordinación» que existe con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado. Una gran colaboración con la Policía Nacional, por ejemplo, que ha posibilitado que en los últimos cinco años se hayan esclarecido más del 80% de las incidencias y los delitos que se han registrado en el complejo, en 2009 el 100%.
Y al hablar de las incidencias que se suelen registrar en el complejo hospitalario y que deben controlar los vigilantes de seguridad que aquí trabajan, Mínguez advierte que van más allá de los hurtos o las agresiones que, por fortuna, aunque muy mediáticas cuando suceden, se dan en muy pocos casos.
Así, advierte que en el año 2010 una de las incidencias que más intervenciones requirió por parte de los vigilantes fue la del 'control de fumadores'. Miles fueron las intervenciones a este respecto que se han reducido a menos de mil en este año, según detalla Mínguez, que explica que los vigilantes sobre este tema lo que hacen es «advertir a quienes puedan ver fumando en sitios como la puerta de Urgencias, que en el hospital no se puede fumar en todo el perímetro vallado, aunque una vez en la rampa de Urgencias el fumador pueda pensar que está en la calle».
Vehículos mal estacionados
Otra de las intervenciones que más 'trae de cabeza' a los vigilantes de seguridad está relacionada con problemas de estacionamiento de los vehículos. Muchos quieren dejar el coche en el parking del hospital aunque sea mal estacionado aludiendo a que son «unos pocos minutos» pero deben tener en cuenta que están en un centro hospitalario donde las entradas y salidas tienen que estar despejadas por las incidencias que pudieran surgir.
A este respecto, Benito Mínguez explica que en lo que va de año, los vigilantes de seguridad han tenido que llamar hasta en cuarenta ocasiones a la Policía Local por problemas con vehículos estacionados. No obstante, destaca que al menos la cifra se ha reducido desde 2010, cuando por estas fechas ya llevaban setenta avisos a la Policía Local por este mismo motivo.
Una veintena de hurtos
Respecto al tema de los hurtos, que es uno de los principales delitos en los que se suele pensar a la hora de hablar de la seguridad en un recinto, Benito Mínguez destaca que, de media, se registran en el complejo hospitalario una veintena de hurtos al año.
Detalla que el pasado año 2010, por ejemplo, fueron un total de 28 y subraya el alto porcentaje de esclarecimientos que llega a darse en este tipo de delitos gracias a la coordinación con los agentes de la Policía Nacional.
El jefe de Seguridad del CHUA advierte que prácticamente el 100% de los hurtos que se cometen en el complejo hospitalario se llevan a cabo aprovechando el descuido de la gente. Por eso, insiste en que «tenemos que mentalizar a la gente de que no tienen que obsesionarse con la seguridad, pero sí preocuparse». Reconoce que es «normal» que cuando alguien acude al médico esté más preocupado por su diagnóstico que por sus objetos personales pero apunta que al hospital «no viene solo gente que esté mala, sino que también pueden venir los malos», por lo que recomienda que se controlen los objetos personales, sin obsesionarse, eso sí.
Mínguez incide en que la mejor forma de evitar los hurtos es la «prevención» y apunta que también ahí tienen un importante papel de sensibilización los trabajadores del equipo de seguridad.
En relación con las agresiones, uno de los delitos más 'mediáticos que, afortunadamente, se repite «muy poco», según Mínguez, destaca que en lo que va de año 2011 «no ha habido ningún tipo de agresión» al personal sanitario del complejo hospitalario.
Sí reconoce que suelen registrar una media de unas veintiocho «incidencias antisociales» al mes. Incidentes en los que los pacientes, sin llegar a la agresión, sí pueden increpar a personal sanitario, por ejemplo, y que requiere la intervención de los vigilantes de seguridad para que la situación vuelva a la normalidad.
Benito Mínguez desvela que estas incidencias suelen registrarse principalmente en el área de Urgencias, donde los enfermos o familiares pueden estar más nerviosos mientras esperan la realización de una prueba o un diagnóstico, así como en la cuarta planta del Perpetuo Socorro, la unidad de agudos, donde están ingresadas personas que pueden padecer diversos tipos de enfermedad mental.
Un «excelente» equipo
El jefe de Seguridad del CHUA reconoce que los buenos resultados en esta materia son fruto del «excelente» equipo con que cuentan y de los medios técnicos, que se han ido mejorando con el paso de los años.
Recuerda que hace ahora siete años desde que se puso en marcha el equipo de seguridad como un área más del hospital y que «partiendo prácticamente de cero se han hecho muchas cosas, aunque queda todavía por hacer».
Mínguez explica que en el equipo de seguridad del CHUA cuentan con un coordinador de vigilantes y con cinco jefes de equipo, además de una treintena de vigilantes de seguridad.
Los jefes de equipo desarrollan una importante labor desde el Centro Operativo de Seguridad (COS), instalado en el Hospital General y desde donde se controlan las cámaras de seguridad del complejo hospitalario; el sistema de seguridad de incendios o cualquier alarma que pueda producirse, por ejemplo, si un ascensor se estropea. Desde aquí se controla el circuito cerrado de televisión, con las imágenes de las cámaras de seguridad, así como el control de accesos.
Instalaciones desde las que el equipo de seguridad del complejo, dirigido por Benito Mínguez, seguirá velando cada día por la seguridad de las miles de personas que pasan por estos hospitales.
Fuente: La Verdad

De profesión… detective privado

Decir que se es detective privado suena novelesco y peliculero, pero, parafernalias aparte, es un profesión más común de lo que creemos y con muchos campos de actuación. Su desempeño está muy ligado al mundo del derecho y la seguridad pero, para operar como tal se precisa una licencia oficial.



Es inevitable pensar en Sherlock Holmes, Phiplip Marlowe o Hércules Poirot cuando se habla de un detective privado. La literatura y el cine han contribuido a fomentar esa imagen romántica y misteriosa que asociamos a esta profesión. Sin embargo, el día a día de estos trabajadores tiene menosglamour.

Las áreas de trabajo son muy dispares. Uno de sus campos de actuación está relacionado con el ámbito laboral. Aquí principalmente investigan bajas fingidas, competencia desleal entre empresas, mala práctica de los empleados, control de ejecutivos para que no filtren información, hurtos, etcétera.

Otra parte de su trabajo se centra en investigaciones relacionadas con asuntos familiares como infidelidades o problemas de herencias.

Actualmente, el mayor nicho de actuación viene del área económico empresarial. Indagar sobre casos de fraude, piratería, falsificación o siniestros fingidos son los campos habituales, pero la crisis económica ha hecho que aumente la demanda de la persecución de morosos. De hecho, según datos del sector, más del 80% de las peticiones de investigación provienen de entidades financieras.

Formación
¿Qué hay que hacer para ejercer? La profesión de detective privado está regulada por la Ley 23/92 de Seguridad Privada, de 30 de julio de 1992, publicada en el B.O.E de fecha 4 de agosto de 1992. Aquí se establece como funciones de este profesional las de obtener y aportar, por encargo de personas físicas o jurídicas, información y pruebas sobre conductas o hechos privados; investigar delitos perseguibles a instancia de personas legitimadas en un proceso penal; y la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.

En su formación se insiste mucho en temas relacionados con Derecho: constitucional, mercantil, penal… pero también la ética profesional es una de las materias en las que más se incide.

Trabajar como detective en España exige una diplomatura de tres años, es decir, son necesarios estudios universitarios de titulación propia que pasan por materias como la grafología, política, comunicación, etcétera. Y como tal exigen que el candidato haya superado el Bachillerato y la Selectividad. Una vez finalizados, el aspirante a Sherlock Holmes deberá acudir al Ministerio de Interior con el título para poder obtener la Tarjeta de Identificación Profesional (TIP). Una licencia que no es necesario renovar, pero que se controla anualmente.

Los estudios más habituales están relacionados con criminología, campo en el que en España hay una larga tradición, pero hasta este año no han obtenido el estatus de grado universitario, y sólo se podía estudiar esta materia a través de diferentes posgrados o como especialización dentro de otras carreras. La Universidad a Distancia de Madrid (Udima) ha apostado por este programa y desde este año lo imparten.

"Es una profesión atípica", reconoce José María Alonso, director operativo de Zenit Detectives, "y no hay muchas licencias. En España habrá unas 2.000, lo cual es muy poco".

Alonso asegura que no hay unas tarifas establecidas, "cada despacho establece sus propios honorarios, siempre guiándose de los precios de mercado". Pero, según el director operativo de Zenit, por tres días de seguimiento en una baja laboral fraudulenta se han llegado a cobrar 2.500 euros y hay detectives, en otros despachos, que han llegado a facturar entre siete y ocho millones de euros en un solo años.

Incompatible
Para ejercer esta profesión hay una serie de aspectos incompatibles, como ser funcionario en activo de ninguna de las Administraciones Públicas en el momento de la solicitud, ni durante los dos años anteriores a la misma; no haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privada, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.

Asimismo, no se puede tener antecedentes penales, ni haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones y de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud. Tampoco se puede haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.

Como en cualquier sector, la crisis también ha salpicado a este negocio. Pero en menor medida. Y es que hay pocos detectives para tanto caso abierto.



Fuente: Expansión.

El mercado de seguridad privada caerá en 2011 y acumula tres años de descenso

Madrid, 4 oct (EFECOM).- El negocio de la seguridad privada registrará en este ejercicio un descenso del 1,9 por ciento, frente a la de 2010, con una facturación de 4.170 millones de euros con lo que acumulará tres años consecutivos de descenso, según la consultora DBK.

Sin embargo, DBK destaca que el descenso de prestación de servicios de las empresas de seguridad de este año, es menor que el registrado en el ejercicio precedente cuando se situó en el 6,1 por ciento y llegó a los 4.250 euros.

Todos los segmentos tendrán recortes en su facturación, y tiene especial incidencia el de sistemas de seguridad, tanto doméstica como profesional, que verá recortada su actividad en el 4,5 por ciento y se quedará en los 1.165 millones de euros de cifra de negocios.

El transporte de fondos con 314 millones de euros, descenderá el 1,6 por ciento y las labores de vigilancia perderá el 1,1 por ciento y alcanzará los 2.771 millones de euros.

En España hay 1.384 empresas de vigilancia con un total de 188.018 empleados.

Fuente: Expansión

El 'Alakrana' lo cambió todo

Hoy se cumplen dos años del secuestro del atunero vasco por un grupo de piratas. A raíz de este suceso los pesqueros embarcaron seguridad privada con armamento militar
 Los ocho marineros gallegos que estuvieron secuestrados 47 días en el Índico. La mayoría volvió a embarcar en el pesquero.
Dos de octubre de 2009. Un grupo de piratas sorprende a los 36 marineros del atunero vasco 'Alakrana' cuando faenaban entre las Seychelles y la costa de Somalia.
Estaban en plena faena, con las redes desplegadas por lo que huir era misión imposible. Estuvieron secuestrados 47 días y hoy, dos años después, siguen sin poder olvidarlo. No obstante, la mayoría de los tripulantes volvió a embarcar en el pesquero. Otros se retiraron de la mar, como el patrón Ricardo Blach, de Baiona.
El secuestro del 'Alakrana' marcó un antes y un después en la piratería en el Índico. Tras este trágico episodio, el Gobierno español permitió a los pesqueros españoles llevar seguridad privada a bordo con armamento. Además, en las próximas semanas se firmará un acuerdo con Seychelles por el que el calibre de las armas que podrán embarcar será mayor y la finalidad es disuadir a los piratas de ataques.
Precisamente en estas fechas los barcos que faenan en la zona están alerta porque es la época del fin de los monzones y la vuelta a la calma de las aguas, lo cual facilita la labor a los secuestradores para ir mar adentro a por sus presas.
Pero el del 'Alakrana' no fue el único apresamiento con marineros gallegos. En el 2000 -cuando este fenómeno todavía no estaba tan extendido- el atunero vigués 'Albacora Cuatro' fue retenido durante tres días.
El del 'Playa de Bakio' se produjo en abril de 2008, con ocho gallegos a bordo. El buque estuvo en manos de los piratas una semana y fue liberado tras el pago de un rescate. Este caso también marcó un momento histórico ya que a raíz del la Unión Europea puso en marcha la 'Operación Atalanta', misión aeronaval para combatir los ataques en la zona y que hoy en día sigue en vigor.
En febrero del año pasado tuvo lugar el apresamiento del 'Sakoba', un palangrero de bandera de Kenya en el que iba Manuel Teles, portugués nacionalizado español y residente en Vigo. Cinco meses después lo liberaron.
El del 'Vega 5', barco de una filial de Pescanova, duró 117 días. Fue capturado a finales de diciembre de 2010 e iban embarcados dos marineros gallegos. Los piratas aseguraron haber cobrado 3,5 millones de euros a cambio de la liberación de estos dos marineros.
El último tuvo lugar hace dos semanas, con tres gallegos a bordo del 'Mattheos I'. En este caso el barco era un petrolero y fue interceptado en el Golfo de Guinea cuando hacía un trasvase de mercancía. La intención de los piratas no era pedir un rescate sino robar el combustible -se llevaron 7.500 toneladas que lograron vender a otros buques mientras el 'Mattheos I' estaba secuestrado-. Duró 11 días y los últimos tripulantes llegaron este viernes a sus casas, como el joven Damián Aguín, de Portonovo. En esta ocasión el buque no llevaba seguridad privada con armamento a bordo porque la legislación de Chipre -la armadora y la bandera del barco es de este país- no lo permite.

Los piratas tienen 11 barcos y 280 marineros apresados
Los piratas somalís tienen secuestrados un total de 11 buques -todos extranjeros y sin marineros españoles a bordo- en estos momentos. Cinco de ellos fueron apresados el año pasado, como el 'Iceberg I' -con bandera de Panamá- retenido en marzo de 2010.
El número de marineros secuestrados asciende a 271, según los datos oficiales de la 'Operación Atalanta', misión aeronaval puesta en marcha por la Unión Europea tras el secuestro del atunero vasco 'Playa de Bakio' en 2008.
El operativo de vigilancia sigue en marcha en la actualidad y los pesqueros españoles que faenan en la zona cuentan, además, con seguridad privada a bordo -costeada en parte por las arcas públicas-, que lleva armas para combatir los ataques de los piratas.
En las próximas semanas está previsto que el Gobierno firme con las autoridades de las islas Seyechelles -sobre su legislación se rigen los pesqueros que faenan en la zona- para que el armamento sea de mayor calibre (de 7,62 milímetros pasarán a 12,70 milímetros), según anunció esta semana la ministra de Defensa, Carmen Chacón.

Fuente:Atlántico

Los actos vandálicos en FGC se han duplicado en los últimos siete años

Hasta agosto de 2001 se han registrado 371 ataques, agresiones o robos; en el mismo periodo de tiempo de 2004, el total de incidentes fue de 175,Barcelona. 
(Europa Press).- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha registrado 371 actos vandálicos, entre los que se incluyen también robos, agresiones y apedreamientos, hasta agosto de este año, y ha identificado o detenido a 289 culpables. Estas cifras doblan a las registradas en 2004, cuando el total de incidencias se situaba en 175 y se consiguió identificar a 152 de sus autores.

En declaraciones a los medios tras abrir la I Jornada sobre conductas incívicas en el ámbito del transporte ferroviario, el presidente de FGC, Enric Ticó, ha atribuido este incremento al aumento de la demanda, ya que el número de viajes ha pasado de 75,8 en 2004 a 79,7 en 2010. En concreto, de enero a junio de este año se han producido 22 agresiones a vigilantes, 23 a agentes, 29 a clientes, 39 apedreamientos, 113 robos y hurtos y 145 actos vandálicos -graffitis y robo de cables, entre otros-.

"Estos actos perjudican a nuestra imagen, a nuestros clientes y a nuestra economía", ha asegurado Ticó, quien ha señalado que las incidencias tienen un coste de dos millones de euros anuales para FGC -limpiar un tren supone 150.000 euros más el coste de retirarlo de la circulación-.

Para combatir el incivismo, el operador ferroviario cuenta con cerca de 1.500 cámaras de videovigilancia en estaciones y trenes y 1.200 interfonos, así como 400 agentes entre seguridad propia y externa. En cuanto al fraude, se ha reducido del 4,4% en 2004 al 0,2% actual, como consecuencia de la implantación de la validación de salida en las estaciones con más volumen de pasajeros y también en las paradas más conflictivas de la red.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha lamentado que se deban destinar recursos públicos a la reparación de los desperfectos causados por los actos vandálicos que podrían dirigirse a "misiones más importantes", y ha apostado por atacar las causas profundas del incivismo. "No es el gran problema, pero no queremos que vaya a más, por lo que tenemos que actuar y hacerlo a conciencia", ha reconocido Recoder.

Sobre la reducción de un 25% que han experimentado los hurtos de los carteristas a los viajeros en el Metro de Barcelona, el conseller ha señalado que la colaboración entre la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra debe continuar -sin saber hasta cuándo- porque "cuando se baja la guardia se experimenta un repunte de las conductas delictivas".

Ticó ha pedido que la colaboración entre el Ayuntamiento y la Generalitat en materia policial se extienda a otros municipios catalanes, a la vez que ha apostado por una mayor coordinación con el ámbito judicial: "Queremos hacer más caro y complejo el colarse".

El presidente de FGC ha presentado a los medios una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 12 de septiembre de este año que reconoce la condición de agente de la autoridad a los empleados ferroviarios cuando están ejerciendo sus funciones. La sentencia se refiere a una agresión que recibió un agente de estaciones, y que le ocasionó contusiones en la espalda y la mandíbula, cuando pidió a un viajero que abonara el billete, el cual ha sido condenado a un año de cárcel por un atentado contra el agente y a otros seis meses más por un delito de lesiones.

El nivel de desempleo en la seguridad privada supera el 50%


El sector de la seguridad privada ha pasado del pleno empleo a perder más de la mitad de los puestos de trabajo desde que comenzará la crisis.
Alrededor de 200.000 trabajadores están habilitados en España como vigilantes de seguridad, sólo permanecen en activo unos 90.000.
Además, son alarmantes los niveles de precariedad laboral en el sector.

El Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) advierte que el gremio de la seguridad privada ha pasado en apenas tres años del "pleno empleo a una situación insostenible" donde el desempleo alcanzan cuotas que afectan a más de la mitad del personal habilitado para ejercer la profesión.


Las cifras facilitadas por el Ministerio del Interior
apuntan a que en la actualidad la cifra de vigilantes de seguridad habilitados en el territorio español ronda ya los 200.000. Sin embargo, la Unidad Central de Seguridad Privada reconoce, en una nota, que de todos ellos no llegan a superar los trabajadores en activo la cifra de 90.000.

Recorte de derechos

SPV denuncia que esta dinámica fomenta el crecimiento de empresas de seguridad con definidos comportamientos de "competencia desleal e intrusismo" que tienen su caldo de cultivo en el recorte de los derechos y garantías sociales de los trabajadores y en ofrecer sus servicios por debajo de los costes establecidos en el convenio colectivo, un fenómeno que casi estaba superado antes de la crisis.

La situación actual, según apunta, ha incrementado notablemente la precariedad laboral, ya que el recorte de recursos económicos por parte de las empresas privadas y organismos oficiales contratantes afecta a la propia seguridad del trabajador, que "en la mayoría de las ocasiones tiene que actuar en solitario, circunstancias que propician las agresiones a los vigilantes y reviste al sector de una especial vulnerabilidad".
La organización sindical llama la atención de que a pesar de no haber tocado suelo en la tendencia regresiva, las academias del ramo y las centrales sindicales que tienen concedido el monopolio de la formación continua, siguen ofertando cursos para las nuevas convocatorias de aspirantes a vigilantes de seguridad, situación que está saturando gravemente el paro en el sector.

Falsas expectativas de empleo

Una dinámica, a su juicio, "perversa" que genera entre los nuevos vigilantes habilitados unasfalsas expectativas de empleo, que a la larga acaba por conducirles a una frustración al no encontrar cabida en el mundo de la seguridad privada, después de haber invertido tiempo y recursos económicos para cumplir los requisitos necesarios para ejercer la profesión.

A ello se une la problemática de que la habilitación concedida por la Unidad Central de Seguridad Privada a aquellas personas que consiguen superar las pruebas de acceso es decarácter temporal, es decir, que en el caso de no ejercer la profesión durante un tiempo definido (dos años) se queda sin validez.

Ante esta situación, SPV considera que no tiene sentido seguir concediendo habilitaciones en un sector en pleno retroceso, en el que, según fuentes de la patronal Aproser el negocio de la seguridad privada ha descendido entre un 10% y un 12% desde el inicio de la crisis.

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