MANUEL LAGO PEÑAS
Javier es un vigilante de seguridad que trabaja en A Coruña. Después de 25 años en el sector y una antigüedad de 22 años en la empresa, su sueldo neto es de 1.058 euros al mes. El salario de Javier está regulado en un convenio colectivo de ámbito estatal, el de seguridad privada, que fija las condiciones laborales de todos los vigilantes de seguridad, de forma que ninguna empresa podía pagar menos de lo que establecía el convenio. Javier, además, cobra el plus de antigüedad, el de peligrosidad, de transporte y de vestuario, todo para llegar a esos 1.058 euros.
No es mucho, pero a Javier le proporcionaba una estabilidad ahora amenazada por la reforma laboral. El y sus 700 compañeros de empresa, los 5.000 vigilantes que hay en Galicia y los 100.000 en España. Porque la reforma permite que cualquiera de las más de 1.500 empresas del sector rompa con el convenio estatal y fuerce la negociación de un convenio de empresa. Porque el Real Decreto Ley 3/2012 establece la prioridad de los acuerdos de empresa y posibilita que en cualquiera se puedan firmar condiciones inferiores a las del convenio del sector.
Las consecuencias de esta decisión pueden ser muy negativas para los trabajadores, pero también para las empresas. Para los trabajadores porque obviamente todos los acuerdos y pactos de empresa serán para establecer condiciones laborales por debajo del convenio actual. Esto es, para reducir los salarios, aumentar la jornada, modificar los turnos y perder derechos conquistados durante años.
Pero también para las empresas porque, hasta la reforma laboral, cuando presentaban ofertas compitiendo por un contrato para vigilar un centro comercial, un hospital o una entidad financiera partían todos del mismo salario para sus trabajadores. Ahora, las empresas que sean capaces de negociar un convenio con salarios más bajos y más horas de jornada reducirán su coste laboral, lo que les permitirá presentar ofertas más baratas, desplazando a las empresas que apliquen el convenio estatal.
Descuelgue empresarial
En esta situación, ninguna compañía se quedará quieta; una tras otra abandonarán el convenio del sector, iniciando una espiral de reducción de los salarios para poder competir. Dumpin social instalado en el centro mismo de las relaciones laborales en España. Corren un peligro real los pluses, que en el caso de Javier suponen el 40 % de su nómina. Pero en el caso extremo puede acabar cobrando el SMI (641,40 euros brutos al mes), la mitad de lo que hoy cobra Javier.
Hay algo todavía peor en la reforma laboral. Y es que el convenio actual establece la subrogación, esto es, que si es una empresa nueva la que presta el servicio de vigilancia, tiene que subrogarse de toda la plantilla manteniéndole sus derechos laborales, incluida la antigüedad.
Esta cláusula que da estabilidad al sector y mantiene los derechos de los trabajadores, corre peligro real de desaparecer si lo que se negocian son acuerdos individuales en cada empresa. La reforma provoca la desregularización laboral al eliminar el salario común y la subrogación, potenciando a las peores empresas, que desplazarán vía precios bajos a las más estables y con años de presencia en el sector. Una situación que causa preocupación hasta en las grandes empresas del ramo, agrupadas en la patronal Aproser, y que empiezan a dar señales de alarma ante el riesgo de competencia desleal por parte de las firmas con malas prácticas.
Todo esto también puede pasar en los demás sectores de servicios basados en el uso interno del factor trabajo. Por ejemplo, la limpieza de edificios, el servicio de atención a domicilio o la limpieza de hospitales. Es el caso de la mujer de Javier, María, que trabaja en ayuda a domicilio a personas dependientes, y que después de 6 años de antigüedad cobra 841 euros al mes. Casi un privilegio, porque está a jornada completa, algo excepcional en el sector.
La nueva legislación laboral
Fuente: La Voz de Galicia
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