BILBAO. Como en tantas ocasiones y situaciones, en lo referente a la protección de las mujeres maltratadas se funciona más a toque de silbato de urgencia que de planificación organizada. Con el cuerpo aún caliente de Cristina Estébanez, la última asesinada por violencia de género, el Departamento de Interior de Rodolfo Ares decidió apresuradamente, ante las críticas de inacción por la muerte de la joven de 25 años, ofrecer, tal y como adelantó ayer DEIA, un sistema generalizado de escolta a las mujeres con riesgo alto de sufrir violencia machista.
Parecería correcto, pero casi todas las medidas tomadas a remolque de lo inmediato yerran en varios aspectos claves y, en esta ocasión, el error está en la diana elegida, puesto que vigilar a la mujer amenazada por su marido, pareja, o expareja, la convierte en víctima doble: por una parte es la amenazada, y por otra la que, además, ha de sufrir la "compañía permanente" del vigilante, con el señalamiento familiar y social añadido que esto supone.
Esta es la opinión más extendida entre los grupos de mujeres feministas y abogadas de Euskadi, quienes se preguntan por qué sabiendo quién es el sujeto que amenaza no se le pone el control policial a él, evitando así de raíz que pueda acercarse a la mujer acosada.
La nueva orden dictada por Interior afecta a los tres territorios del País Vasco, es de cumplimiento inmediato y urgente y se puso en marcha el viernes. Ares ordenó a todos los responsables de las comisarías de la Ertzaintza que ofrecieran servicios de escolta a las mujeres que corren un riesgo especial de ser agredidas. Personal de cada comisaría contactó el viernes con las primeras mujeres para ofrecerles este sistema de protección.
PRIVARLAS DE LIBERTAD "Poner escoltas a estas mujeres es privarlas de libertad. A quienes tienen que controlar es a los agresores, no a las víctimas", dice visiblemente molesta Blanca Estrella, presidenta de la Asociación Clara Campoamor. "No se puede legislar ni tampoco tomar medidas como la de las escoltas sin escuchar lo que opinan las mujeres, las asociaciones y quienes llevamos años trabajando en esta área", censura la veterana militante feminista.
Desde Clara Campoamor llevan años reivindicando la protección para las víctimas de violencia de género que no pasan por la escolta. ¿Cuáles? "Las pulseras localizadoras y dispositivos que controlen al agresor". En el País Vasco, en los primeros seis meses del año, 1.763 mujeres habían sido víctimas de la violencia sexista y sólo ocho contaban con un dispositivo GPS (una pulsera localizadora) y 166 mujeres disponían de un teléfono de emergencia Bortxa, que contacta directamente con el 112 o la comisaría más cercana. "La Ertzaintza es quien tiene que controlar el cumplimiento de la orden de alejamiento del maltratador; las pulseras, en este sentido, son medidas seguras", remata Blanca Estrella.
DOBLE VICTIMIZACIÓN En la misma línea de evitar restar libertad a las víctimas de esta violencia, la ex secretaria general de Emakunde, Itziar Fernández, considera que realmente quien debiera estar vigilado es el maltratador. "La escolta penaliza doblemente a la mujer. Con esta medida la víctima ve como su privacidad se va a tomar por saco. Esta no es la mejor opción, porque lo lógico es que cuando hay un riesgo se actúe sobre él. En este caso es el agresor. Las pulseras, los GPS o los mecanismos que sean tienen que estar dirigidos a evitar que el maltratador se acerque a la mujer. Hay que evitar la doble victimización que supone la escolta", añade.
El hecho de que la joven Cristina Estébanez fuese finalmente asesinada pese a que todos los indicios apuntaban a un desenlace trágico hizo surgir numerosas críticas sobre los sistemas de protección y la activación de los protocolos previstos para evitar este tipo de actos.
De hecho, el propio Ararteko anunció que realizaría una investigación para averiguar si en el caso de la joven baracaldesa el protocolo había funcionado de forma correcta.
"Cualquier medida que proteja la integridad física de quienes sufren violencia de género es bienvenida", comenta Julia Hernández, adjunta al Ararteko. "Sin embargo, también me cuestiono si lo mejor para estos casos es la escolta. Si realmente quienes agreden son ellos, por qué hay que castigar a las mujeres", reflexiona con conocimiento de causa. "Yo misma llevo escolta y sé lo que significa".
Le preocupa que la Justicia no actúe en estos casos con la celeridad que se precisa, que los juzgados que llevan estos casos estén colapsados y, sobre todo, le escandalizan sentencias como las que permiten a un maltratador ver a sus hijos en una casa de acogida. "Tal vez la escolta no sea lo mejor para estas mujeres porque supone una pena añadida para ellas que no tienen culpa de nada, que son las sufridoras", remacha Julia Hernández.
1 comentario:
Como siempre hasta que no se produce la tragedia, el gobierno no toma medidas contundentes que ya deberían estar en vigor hace tiempo.Los escoltas pueden ser una de las soluciones, pero no la última solución "in extremis" a esta problemática que azota nuestra sociedad.Más cuando se sabe a quién va dirigida esa acción,las personas que decidieron hacerte la vida un infierno.
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