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| Manifestación por el asesinato de la joven barakaldesa C.Estébanez (J.Lazkano) |
BILBAO. Cada vez que se produce el asesinato de una mujer por violencia machista o un caso especialmente brutal de maltrato se ponen en marcha mecanismos de repulsa y de solidaridad con la víctima y también de investigación para conocer qué ha podido fallar para que tenga lugar una nueva muerte de una mujer a manos de un hombre. Así ha ocurrido también en el caso de la joven de Barakaldo Cristina Estébanez, asesinada el lunes a cuchilladas presuntamente por su ex pareja pese a que ésta tenía dictada una orden de alejamiento y la chica había denunciado amenazas.
Las últimas críticas recibidas por inacción tras esta última muerte de violencia machista que ha tenido lugar en Euskadi han obligado al Departamento de Interior del Gobierno vasco a mover pieza con urgencia. La consejería que dirige Rodolfo Ares está ofreciendo desde ayer un servicio de escolta a todas las mujeres de la comunidad autónoma vasca que tienen un riesgo especial de sufrir algún tipo de ataque por violencia machista.
En lo que va de año, seis mujeres han perdido la vida en Euskadi víctimas de la violencia de género, la última de ellas este pasado lunes en Barakaldo.
La nueva orden dictada por Interior afecta a los tres territorios de la CAV, es de cumplimiento inmediato y urgente, y se puso en marcha ayer mismo. Según ha sabido DEIA, Ares ordenó ayer a todos los responsables de las comisarías de la Ertzaintza que ofrecieran servicio de escolta a las mujeres que corren un riesgo especial de ser agredidas. Personal de cada comisaría contactó ayer ya con las primeras mujeres para ofrecerles este sistema de protección.
SIETE ESCOLTADAS Esta nueva iniciativa se trata de un ofrecimiento, en caso alguno una imposición, que debe aceptar individualmente cada una de las mujeres si así lo desean, en función de la percepción de amenaza que sufren en cada caso. Según los últimos datos oficiales que se han dado a conocer, a finales de agosto de este año solo siete mujeres amenazadas llevaban escolta en Euskadi. Además, otras trece tenían el mecanismo de la pulsera localizadora y 164 disponían de un teléfono móvil para su cuidado.
La orden de reforzar de esta manera la protección a las mujeres especialmente amenazadas ha partido del propio consejero de Interior, Rodolfo Ares, acuciado por las críticas tras la última muerte, la quinta en la CAV en lo que va de año. El pasado lunes, la joven Cristina Estébanez, de tan solo 25 años, murió asesinada presuntamente por su exnovio, de la misma edad, tras recibir varias puñaladas en su propio domicilio. El hombre, sobre el que pesaba una orden de alejamiento que obviamente no cumplió, fue al domicilio de la víctima y tras acuchillar también al nuevo acompañante de Cristina -que resultó con heridas de gravedad-, agredió a la chica con un arma blanca hasta la muerte. Según se ha conocido, la joven había sufrido malos tratos en varias ocasiones por parte de su expareja durante los últimos meses, hasta el punto de que algunos familiares y personas cercanas llegaron a asegurar que había vivido "un infierno" en el último año. De hecho, tuvo que abandonar Bizkaia durante algunos meses para huir de las amenazas del que había sido su novio. Aunque había denunciado su situación en varias ocasiones, Cristina llegó también a rechazar su traslado a un piso de acogida, según afirmó el alcalde de Barakaldo, Tontxu Rodríguez.
El hecho de que la joven baracaldesa fuese finalmente asesinada pese a que todos los indicios apuntaban a un desenlace trágico hizo surgir numerosas críticas sobre los sistemas de protección y la activación de los protocolos previstos para evitar este tipo de actos.
De hecho, el propio Ararteko anunció que realizaría una investigación para averiguar si en el caso de Cristina Estébanez el protocolo había funcionado de manera correcta.
Asimismo, la asociación Clara Campoamor denunció en DEIA que lo que realmente necesitaba la joven de Barakaldo era "sentirse protegida por la policía". "Los datos que nos llegan nos indican que no lo estaba", afirmó la líder de la asociación, Blanca Estrella, quien añadió que tampoco es entendible que nadie controlara los movimientos del agresor. "En este caso y en otros muchos la orden de alejamiento no se está cumpliendo", criticó.
En los sistemas de protección a mujeres amenazadas hay tres niveles de riesgo: básico, alto y especial. Este último afecta a las mujeres cuya posibilidad potencial de sufrir maltrato es muy elevada, bien sea por los antecendentes de su pareja, por la reincidencia de las agresiones, porque éste tenga licencia de armas, o porque padezca algún tipo de adicción (alcohol o drogas).
El trabajo contra la violencia doméstica es una asignatura pendiente en la Policía vasca. Según fuentes sindicales que citan a los objetivos estratégicos que Interior marca a las comisarías, el 50% de la actividad diaria debe estar dedicada a la prevención de la actividad terrorista y la violencia callejera. En cambio, la prevención de la violencia contra las mujeres no alcanza ni el 10% de la actividad diaria de los agentes que marca Interior. Esta falta de atención ha podido tener su influencia, según algunas fuentes, en la muerte de la joven de Barakaldo. La vigilancia policial, al parecer, no fue todo lo exhaustiva que requería el caso.
ESCOLTAS Y TERRORISMO El nuevo ofrecimiento de servicio de escolta a las mujeres que pueden ser víctimas potenciales de la violencia machista coincide con la retirada progresiva de protección a ediles y a otras personas que han debido llevarla por la amenaza terrorista, gracias a la ausencia de atentados y tras el anuncio de ETA del cese de sus actividades armadas. Esta circunstancia puede hacer posible que parte de los agentes destinados a labores de guardaespaldas por amenaza terrorista puedan derivarse a la protección de mujeres susceptibles de sufrir violencia machista.
En Euskadi, los malos tratos están sufriendo un incremento creciente. Los últimos datos disponibles muestran que durante los primeros ocho meses del presente año se han producido un total de 2.780 casos de violencia de género, que han afectado a 2.376 mujeres. Esto significa que se producen más de once casos diarios de agresiones en la Comunidad Autónoma Vasca. Pese a ello, un tercio de mujeres víctimas de los malos tratos decide no presentar denuncia.
La nueva medida de ofrecer escolta a las mujeres con mayor riesgo coincide también con una iniciativa adoptada por el Parlamento Vasco a finales de octubre con el fin de dotar a los ertzainas de una formación específica para hacer frente a la violencia de género. En concreto, la Cámara vasca aprobó con el apoyo de todos los grupos políticos una moción en la que se insta al Departamento de Interior a garantizar la "obligatoria y adecuada" formación en el área de la violencia machista de todos los agentes de las nuevas promociones de la Ertzaintza. Para ello, plantea que el Plan Anual de Actividades de Policía del País Vasco para 2011 contemple el incremento y la mejora de los cursos de prevención en esta materia. Asimismo, la moción reclama que Interior refuerce dentro de la Ertzain-tza la presencia de agentes especializados en violencia machista y que intente que, en la medida de lo posible, sean mujeres.
"Tras las denuncias, viven aterrorizadas"
"La víctima de malos tratos vive aterrorizada y, tras la denuncia, ese terror se multiplica. Vive muerta de miedo por lo que su agresor le puede hacer", han reconocido a DEIA militantes de movimientos feministas, quienes han mostrado su estupor por las últimas declaraciones del juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, al asegurar que "se debe sancionar a la víctima agredida que no colabore con la Justicia". Para las asociaciones de mujeres es inadmisible que se quiera "castigar a las mujeres maltratadas en el caso de que retiren las denuncias. Las situaciones que viven muchas de ellas son extremas. No tiene sentido esta iniciativa y menos que el juez se erija en fiscal", comentan visiblemente molestas. Las militantes feministas han asegurado que van a luchar por que "esto no se produzca en ningún caso. ¡Solo falta ahora que, además de sus maridos, novios o exparejas sentimentales les vaya a amenazar también la Justicia!", añaden. En su opinión, este tipo de declaraciones tienen un efecto perverso, "ya que es poner obstáculos para que las mujeres denuncien. La Justicia lo que tiene que hacer es proteger a las víctimas, y hasta ahora no lo ha hecho", sentencian.
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