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| Entrada al centro de menores Les Palmeres de Alboraya. / Juan J. Monzó |
Varios jóvenes aporrean las verjas del centro de menores Les Palmeres de Alboraya. Están decididos a llevarse a unos familiares que han llegado allí esa misma mañana. La Fiscalía ha ordenado el traslado de los pequeños, de dos meses, cinco años y once, por vivir en un ambiente de chabolismo extremo. Los alterados allegados, de nacionalidad rumana, exigen al personal que se los entregue. La presencia del vigilante de seguridad suaviza sus intenciones de saltar la valla. Tras una hora y media de discusión, los trabajadores llaman a la Policía. Finalmente, ellos se marchan.
Pese a escenas como esta, vivida la semana pasada, la Conselleria de Bienestar Social ha optado por prescindir de los dos guardias jurado de las instalaciones para ahorrar. «La Generalitat ha decidido recortar gastos eliminando la seguridad del centro de recepción de menores», denuncia el responsable de servicios sociales de UGT-PV, Antonio Femenía.
Les Palmeres está situado en medio de la huerta. Apartado del casco urbano de Alboraya, lo que retrasa la llegada policial cuando se requiere. Y la carretera vecinal por la que se accede carece de iluminación. El centro acoge a cerca de 40 niños. Desde bebés hasta menores de 13 años en desamparo o alto riesgo. Proceden de familias extremadamente desestructuradas. Muchos de ellos son víctimas de maltrato o abusos por parte de sus propios padres. Otros de abandono. Se trata siempre de ingresos no aceptados por las familias, «lo que puede llevar -y lleva- a situación de conflicto», señala Femenía.
El recinto cuenta con seguridad desde hace más de una década. Sin embargo, el contrato de los dos vigilantes que a día de hoy lo protegen finaliza el próximo 30 de septiembre. Y no se les va a prorrogar. Fuentes de Bienestar Social reconocieron ayer que no se les va a renovar «por racionamiento de gastos». Pero justificaron que esas dos plazas quedarán cubiertas con una «figura legal especializada, la de los funcionarios de vigilancia de menores».
La chispa siempre está ahí. Puede prender en cualquier momento y la presencia de los vigilantes suele evitarlo. «Son niños que requieren de una especial protección y ahora la Conselleria les niega la seguridad que debería garantizar», lamenta Femenía.
Uno de los momentos más delicados se repite cada miércoles por la tarde. Es el día de las visitas de los padres biológicos con los menores acogidos. La tensión se palpa en el ambiente. Cuando se producen estas situaciones, los niños que han sufrido malos tratos en casa corren despavoridos hacia el calor de los educadores. Estos se los llevan para distraerlos.No son extraños estos altercados, que no van a más gracias al personal de seguridad.
Pero al tratarse de un centro de recepción, el peligro flota intermintente durante las 24 horas del día. A Les Palmeres pueden llegar menores en desamparo en cualquier momento de la jornada, bien por orden de Bienestar Social, por diligencia policial, judicial o de la Fiscalía. Y hasta allí pueden también dirigirse los padres, enfurecidos, para tratar de recuperarlos. Si esto sucede, el papel del vigilante vuelve a resultar clave.
A los posibles peligros de fuera se suman los internos. Son conflictos protagonizados por jóvenes extranjeros sin papeles (demasiados mayores para estar allí pero a los que no se les puede acreditar la edad en un primer momento). Aunque no se dan desde hace tiempo.
Actualmente, las instalaciones disponen de un vigilante por la tarde y otro de noche, cuando sólo hay dos educadores para atender a todos los pequeños. «En 2005 se aumentó la contrata y el centro pasó de tener de uno a dos vigilantes, después de que varios trabajadores sufrieron agresiones. Y desde entonces hay dos guardias, especialmente seleccionados para desarrollar las tareas, y con los que todos están muy contentos», explican desde UGT-PV.
A partir de octubre, los trabajadores y los menores quedarán indefensos y tendrán que enfrentarse a estas situaciones sin ningún tipo de respaldo. Desde UGT-PV denuncian que los recortes alcancen «al núcleo duro del sistema de protección social».
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