Polémica por las escoltas judiciales

La APM discrepa del presidente del Tribunal Superior y acusa a Interior de querer minimizar la seguridad
La reordenación de los servicios de escolta que los gobiernos central y vasco vienen prestando a los jueces y fiscales de Euskadi desde que ETA asesinó en 2001 al magistrado José María Lidón ha dado lugar en las últimas horas a una inédita controversia no solo por los protagonistas concernidos, sino por la delicada materia a la que hace referencia. La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera, hizo público ayer un comunicado en el que acusó a la Administración de pretender reducir «drásticamente» la protección del colectivo, una posibilidad que rechazó de plano. Junto a ello, afeó al presidente del Tribunal Superior de Justicia vasco, Juan Luis Ibarra, unas palabras pronunciadas la víspera en las que éste había asegurado que se mantienen las medidas de seguridad individualizadas. En su crítica, la APM se apoya en un acuerdo del pasado viernes de la Sala de Gobierno del Tribunal, su órgano de dirección, en el que se defendía la continuidad de las escoltas. Los responsables de Interior están al corriente de esta posición, que es la que han venido manifestando la cúpula de la Judicatura vasca desde que comenzó, en septiembre, el reajuste de la seguridad.
La Magistratura vive escoltada en Euskadi desde el atentado que costó la vida a Lidón, una situación insólita en Europa. La disposición del Departamento de Rodolfo Ares a reacomodar los servicios de protección de los distintos colectivos de amenazados se ha traducido en los últimos meses, en el caso de los jueces, en análisis individualizados sobre su situación. En los contados casos en que se ha reducido la escolta, se han adoptado otras medidas complementarias; junto a ello, y como ha venido ocurriendo periódicamente, ha habido magistrados que han manifestado su hartazgo por tener que seguir contando con guardaespaldas. En unas declaraciones efectuadas el miércoles, Juan Luis Ibarra confirmó la existencia de esas «evaluaciones individuales de riesgo» con las consecuencias apuntadas, e incidió en que el programa de protección prosigue, en cuanto a su extensión, «tal y como se concibió en 2001». Recordó, además, que el comando Otazua recientemente desarticulado había hecho seguimientos judiciales.
La APM discrepó ayer de Ibarra y puso en duda las intenciones de la consejería de Interior, en un gesto público inhabitual. Para la asociación, «no resulta sencillo explicar» las manifestaciones del presidente del TSJPV a la luz del acuerdo alcanzado el viernes en la Sala de Gobierno de la que forma parte, en la que reitera que debe mantenerse la protección individualizada y rechaza eventuales reducciones. Según sostiene, había un recorte previsto para el 1 de abril que «se logró aplazar» en tanto Interior «no cumpliera un deber elemental de contacto e información personal individualizado con cada interesado».
La APM denuncia que dichas entrevistas no se han efectuado. Y subraya su «más absoluto rechazo» a cualquier disminución de los servicios de escolta mientras «no se explique de manera pormenorizada y sin provocar agravios comparativos cuáles son las razones objetivas y que, en cada caso concreto, lo justifican».