La Guardia Civil investiga lo ocurrido tras presentarse una denuncia.
El guarda de una finca de la Campiña denunció ayer ante la Guardia Civil la agresión que sufrió en la noche del martes al ser apaleado por varias personas que entraron en la propiedad que vigilaba para robar. Además, según explicó Asaja Córdoba, los delincuentes se llevaron la documentación personal del vigilante y le amenazaron de muerte si volvía a la finca. El secretario de Asaja, Rafael Navas, denunció que este caso es uno más de los numerosos que se vienen registrando en el campo cordobés. "Los agricultores están desesperados. Todos los días se comunican casos de robos, aunque la mayoría de las personas no denuncian", afirma Navas. En esta ocasión sí se han denunciado los hechos y la Guardia Civil, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno, ha iniciado una investigación para esclarecer lo sucedido.
Desde la patronal agraria se volvió a insistir ayer en la necesidad de que se incremente el número de efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado en las zonas rurales y un cambio en el Código Penal para que se incrementen las penas.
El propietario de la finca y su hermano han sufrido en el último mes más de media docena de robos. "La delincuencia se ha incrementado de manera sensible respecto a años anteriores", afirmó Rafael Navas.
Este incremento de la inseguridad en las zonas rurales la llegó a sufrir también el presidente de Asaja Córdoba y de la Cámara de Comercio, Ignacio Fernández de Mesa, que presentó una denuncia ante la Guardia Civil por las amenazas de muerte que recibió por parte de tres personas.
Desde Asaja se denuncia que la falta de recursos y de personal está provocando que sea "muy difícil" evitar los robos de aperos y maquinarias, como gradas de discos, motores, cableado, transformadores y otros utensilios de las explotaciones. Por eso pensaron en la contratación de vigilancia privada para las fincas, aunque las dificultades legales que están encontrando y el alto coste que implica ha frenado las intenciones de la patronal. La otra opción, que es la que desde hace varios años puso en marcha la Olivarera de Lucena, es llegar a acuerdos con guardas de cotos para que presten labores de vigilancia.
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