Va a cumplirse un año desde que el Gobierno autorizara el 31 de octubre de 2009 a los barcos atuneros que faenan en el Índico a utilizar ametralladoras pesadas (de 12.7 de calibre) para defenderse de los ataques de los piratas de Somalia, y el Ejecutivo de las islas Seychelles sigue sin autorizar su entrada.
España solo pudo enviar las armas de menor calibre (7.62) para que las empresas de seguridad que protegen a los buques, con base en Puerto Victoria —13 barcos atuneros y 3 de apoyo—, no se sientan tan indefensas ante estos ataques, pero la realidad es que, sin ese armamento más sofisticado, dicen estar vendidos ante estos piratas del mar, que ahora, con el buen tiempo, se preparan para hacer su agosto, en forma de apresamiento de buques y petición de un rescate económico. El propio presidente de este país del Índico, James Alix Michel, advirtió, en su visita a España la semana pasada, del peligro que ahora acecha a los barcos que faenan en la zona.
El Gobierno no ha cumplido sus compromisos con el sector, que consiguió doblegar a Zapatero para que realizara una modificación del reglamento de seguridad privada para que las empresas de seguridad pudieran utilizar fusiles y ametralladoras, como alternativa a la negativa del Ejecutivo socialista a enviar a infantes de Marina a proteger a los barcos. Un año después, el sector reconoce que las armas no han podido llegar a este país, ya que no se han autorizado. El motivo para no dejar entrar las armas es el miedo a que puedan ser robadas por grupos rebeldes.
La financiación
Pero sin estas armas la seguridad en estos buques no está garantizada. El Ejecutivo español ha intentado arrancar un compromiso de las autoridades de las Seychelles, a través de la vía diplomática, pero, según señalan a ABC fuentes del sector, no ha sido posible.
Pero no es este el único incumplimiento del Gobierno con este sector, que ha sufrido el secuestro y posterior pago del rescate de dos barcos (Alakrana y Playa de Bakio), así como numerosos ataques piratas, sino que hay otro más, ya que tampoco ha cumplido su palabra de financiar el 25 por ciento del coste de la seguridad privada embarcada en estos buques.
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