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| El consejero de Interior vasco anució ayer que se está «reorganizando» el servicio de escoltas. |
Los fiscales adscritos a Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado y ante el Tribunal Constitucional fueron los primeros afectados en sufrir la retirada del servicio de escolta oficial que tenían asignado; los primeros en sufrir una «reasignación del servicio» dependiente, en ese caso, del Ministerio del Interior.
Fue a mediados de 2008 cuando el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho –fiscal de Carrera– comunicaba esa decisión a los jefes de las fiscalías afectadas, Antonio Salinas y Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, respectivamente, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes del Ministerio Público. Criterios técnico de priorizar los agentes destinados a ese servicio eran los motivos esgrimidos por Interior para adoptar esa medida.
Esos argumentos no debieron convencer, toda vez que, según las fuentes consultadas, Salinas, Ortiz Úrculo y la mayoritaria Asociación de Fiscales se dirigieron a Antonio Camacho para solicitarle que se reconsiderase esa decisión. La respuesta, sin embargo, no fue la esperaba y, por el contrario, confirmó la previamente adoptada y que sólo cuando existiese algún caso concreto que lo justificase, por el riesgo latente, se podría asignar seguridad personal al fiscal afectado.
Dicho y hecho, pues «de un día para otro, e incluso en la misma mañana», la mayoría de esos fiscales vieron cómo sus hasta entonces escoltas les abandonaban. Sólo en casos muy concretos, los afectados permanecieron con el servicio de escolta asignado.
Sin embargo, Interior decidió más tarde asignar esa seguridad a otros fiscales destinados en Anticorrupción, «por las especiales relevancias de los casos que llevaban», aunque otros representantes del Ministerio Público allí destinados, pese a que tramitan también «casos relevantes de mafias y de criminalidad organizadas», siguen desde entonces sin tener esa protección personal.
Eso hace que se tengan que trasladar hasta las sedes judiciales, principalmente a la Audiencia Nacional, en transporte público o en sus vehículos particulares, para asistir a comparecencias en las que, paradójicamente, algunos de los imputados sí tienen a las puertas varios escoltas privados.
«La situación es tan precaria que ni siquiera se cuenta con un coche de incidencia al servicio exclusivo de esa fiscalía» Anticorrupción, resumen al respecto las citadas fuentes.
Evaluación de «riesgos»
En cuanto a la fiscalía ante el Tribunal Constitucional, la medida de Interior, que afectó a la mayoría de sus integrantes, tampoco fue bien recibida, circunstancia que se mantiene en este momento por sus miembros, toda vez que sólo una muy exigua minoría de fiscales allí destinados cuenta con esa protección.
Por otro lado, en relación con la seguridad de los jueces destinados en el País Vasco, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, se reunirá hoy con la máxima representación de la Judicatura vasca para hablar del servicio de escoltas, que el Gobierno autónomo «está reorganizando» entre los diferentes colectivos amenazados. En el Palacio de Justicia de Bilbao se darán cita Ares, el viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, y los miembros de la comisión permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidida por Juan Luis Ibarra, informa Ep. Esta cuestión ya ha sido tratada en ocasiones anteriores por la Consejería de Ares y el Departamento vasco de Justicia con el TSJPV, y el Gobierno vasco se comprometió a realizar un estudio «individualizado» de cada caso, en base al riesgo ante la amenaza de ETA.
Ares anunció ayer que está reorganizando el servicio de seguridad de los amenazadas por ETA en base a la evaluación de «riesgos», con el fin de lograr una mayor «operatividad».
Esos argumentos no debieron convencer, toda vez que, según las fuentes consultadas, Salinas, Ortiz Úrculo y la mayoritaria Asociación de Fiscales se dirigieron a Antonio Camacho para solicitarle que se reconsiderase esa decisión. La respuesta, sin embargo, no fue la esperaba y, por el contrario, confirmó la previamente adoptada y que sólo cuando existiese algún caso concreto que lo justificase, por el riesgo latente, se podría asignar seguridad personal al fiscal afectado.
Dicho y hecho, pues «de un día para otro, e incluso en la misma mañana», la mayoría de esos fiscales vieron cómo sus hasta entonces escoltas les abandonaban. Sólo en casos muy concretos, los afectados permanecieron con el servicio de escolta asignado.
Sin embargo, Interior decidió más tarde asignar esa seguridad a otros fiscales destinados en Anticorrupción, «por las especiales relevancias de los casos que llevaban», aunque otros representantes del Ministerio Público allí destinados, pese a que tramitan también «casos relevantes de mafias y de criminalidad organizadas», siguen desde entonces sin tener esa protección personal.
Eso hace que se tengan que trasladar hasta las sedes judiciales, principalmente a la Audiencia Nacional, en transporte público o en sus vehículos particulares, para asistir a comparecencias en las que, paradójicamente, algunos de los imputados sí tienen a las puertas varios escoltas privados.
«La situación es tan precaria que ni siquiera se cuenta con un coche de incidencia al servicio exclusivo de esa fiscalía» Anticorrupción, resumen al respecto las citadas fuentes.
Evaluación de «riesgos»
En cuanto a la fiscalía ante el Tribunal Constitucional, la medida de Interior, que afectó a la mayoría de sus integrantes, tampoco fue bien recibida, circunstancia que se mantiene en este momento por sus miembros, toda vez que sólo una muy exigua minoría de fiscales allí destinados cuenta con esa protección.
Por otro lado, en relación con la seguridad de los jueces destinados en el País Vasco, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, se reunirá hoy con la máxima representación de la Judicatura vasca para hablar del servicio de escoltas, que el Gobierno autónomo «está reorganizando» entre los diferentes colectivos amenazados. En el Palacio de Justicia de Bilbao se darán cita Ares, el viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez, y los miembros de la comisión permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidida por Juan Luis Ibarra, informa Ep. Esta cuestión ya ha sido tratada en ocasiones anteriores por la Consejería de Ares y el Departamento vasco de Justicia con el TSJPV, y el Gobierno vasco se comprometió a realizar un estudio «individualizado» de cada caso, en base al riesgo ante la amenaza de ETA.
Ares anunció ayer que está reorganizando el servicio de seguridad de los amenazadas por ETA en base a la evaluación de «riesgos», con el fin de lograr una mayor «operatividad».
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