Girotaldes, hondartzainas, agentes cívicos, serenos, vigilantes municipales, auxiliares de Policía, reguladores de tráfico, alguaciles... En los últimos años ha crecido sin cesar la lista de nombres y figuras que los ayuntamientos y otras instituciones han sacado a la calle para informar a los ciudadanos, alertar del incumplimiento de las ordenanzas, estar al tanto de pequeños hurtos o garantizar la seguridad por la noche en barrios alejados del centro. Sin ser agentes de la autoridad, y la mayoría de las veces con una más que dudosa formación, estas figuras han servido para maquillar temporalmente las cifras del paro, aparte de para proporcionar un servicio a la ciudadanía cuya efectividad es cuestionada en algunos casos.
Pero este limbo legal donde se amalgaman parados de larga duración con profesionales de empresas de seguridad privada o simplemente personal para custodiar edificios oficiales parece tocar a su fin con el proyecto de Ley de Seguridad Pública que ultima el Gobierno vasco y que en breve presentará en el Parlamento.
La normativa pretende acabar con la manga ancha que ha dado pie a supuestos equipos de seguridad a los que han sido asignadas las más diversas funciones, que en algunos casos han rayado la ilegalidad. El escándalo suscitado en Sestao el pasado mes de agosto, con serenos asignados a la comisaría de Los Baños para sustituir a agentes de la autoridad en sus vacaciones, es uno de los episodios que intenta regular y limitar el nuevo protecto de ley, que «es conveniente y va a ordenar por fin la figura de los vigilantes», explica César Pérez Toledo, presidente de la Asociación de Jefes de Policía Local de Euskadi.
Según la idea con la que trabaja el Departamento de Interior, los alcaldes solo podrán encuadrar a su personal contratado para tareas de guardia: la de vigilante municipal, la de alguacil y la de auxiliar de Policía. La primera englobaría todos los servicios que actualmente prestan las personas contratadas que ayudan a regular el tráfico, los serenos o los vigilantes que velan por el cumplimiento de las ordenanzas contra el botellón, controlan los posibles desperfectos en el mobiliario y hasta el modo de pasear a los perros por la vía pública.
Tareas de seguridad
Los alguaciles se establecerían en aquellas localidades que, por su tamaño y falta de habitantes, carecen de guardia urbana propia. Aunque Euskadi tiene 251 municipios, sólo 76 de ellos disponen de cuerpo de Policía local, una deficiencia que hasta ahora se cubría gracias a las unidades de la Ertzaintza o con la creación de una figura de orden que, sin ser agente de la autoridad, se encargaba de tareas básicas de seguridad. Cuando la ley se apruebe, estas personas tendrán denominación -alguaciles- y estarán en comunicación directa con los mandos de la Policía autonómica ante cualquier situación de emergencia.
Por último, el texto prevé la creación de una tercera figura, la del auxiliar de policía, dedicada a aquellas localidades que, por ser costeras y tener que hacer frente a la temporada de playas o por organizar unas fiestas patronales especialmente populares tengan que reforzar, por tiempo siempre determinado, su plantilla. Estos profesionales nunca podrán suplantar a la Guardia urbana en sus tareas de forma indefinida. Su misión será desde hacer cumplir las ordenanzas de tráfico y comportamiento hasta velar por la limpieza y la correcta tenencia de animales.
Pero la reordenación no solo afectará a los trabajadores que hasta ahora realizaban las más variadas tareas de seguridad, sino a todos los cuerpos policiales. De hecho, la idea de Interior es avanzar hacia la creación de un único cuerpo policial vasco compuesto por ertzainas y policías locales. En Euskadi, sin contar los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado existen 11.000 agentes: 8.000 autonómicos y 3.000 locales. Con una media de 5,2 por cada mil habitantes, el País Vasco tiene una de las tasas más altas de la Unión Europea. El 'mal uso' que, aparentemente, se hace de tal despliegue lleva a que la futura Ley de Seguridad Pública contemple la ordenación y coordinación, con comisarías conjuntas, de Ertzaintza y guardias urbanas, el primer paso de una futura unión.
En un mismo organismo
Los agentes no sólo compartirían espacio, sino también comunicaciones a través de los talkies Tetra digitales -ya en poder de la Ertzaintza y en proceso de adquisición por todos los ayuntamientos-. Además, el proyecto prevé que ambos cuerpos trabajen juntos en el Centro de Elaboración de Datos Policiales, intercambiándose labores de inventigación. Para los mandos, estas iniciativas mejorarán y optimizarán los recursos existentes. La Policía Vasca Unida será un cuerpo con diferentes secciones dentro del mismo edificio. Por supuesto, seguirá existiendo la guardia local de cada municipio con sus distintivos, pero integrada formalmente dentro de un mismo organismo conjunto para mejorar el servicio y, sobre todo, compartir datos.
Otra novedad importante que incorporará la futura legislación se refiere a la formación de los vigilantes, algo muy demandado por todos los jefes de policía para acabar con cierto 'amateurismo' en las contrataciones. En la actual Academia de Policía del País Vasco, que según los planes de Interior pasará a llamarse Academia Vasca de Policía y Emergencias, se dará formación a los futuros auxiliares. Con ello se terminarán los apresurados cursos de un par de meses que otorgaban una más que dudosa preparación para afrontar los retos de la vigilancia urbana.
Aunque los sindicatos preferirían la supresión de los auxiliares de Policía y que todas aquellas personas involucradas en la seguridad de un municipio sean agentes de la autoridad, los mandos policiales y, en general, los agentes de a pie, no tienen miedo de que las nuevas figuras surgidas de la regulación acaben sustituyendo a los guardias municipales de toda la vida.
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